PEDRAZA.

EL LIDER DE LA UNION FERROVIARIA FUE CONDENADO A QUINCE AÑOS DE PRISION POR PARTICIPE DEL HOMICIDIO DE MARIANO FERREYRA El tren de la historia arrasó con la estación Pedraza Los autores materiales del homicidio del joven militante recibieron 18 años. También fueron condenados a diez años dos comisarios que permitieron que el crimen ocurriera. En total fueron 14 condenas –algunas leves– y tres absoluciones. Por Victoria Ginzberg La cabeza inclinada hacia abajo, el cuerpo un poco encorvado, la mirada hacia el piso. Así escuchó el dirigente sindical José Pedraza su condena a 15 años de prisión por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a un grupo de militantes que reclamaba la reincorporación de trabajadores despedidos y mejoras en las condiciones de los tercerizados. En la sala se escucharon algunos aplausos, un suspiro, algunos sollozos apagados. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal 21, Horacio Días, continuó con la lectura de la sentencia de los otros 16 acusados por el crimen de Ferreyra y las heridas de bala sufridas por otros tres manifestantes: Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. El número dos de Pedraza en la UF, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, también recibió 15 años. Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez –los tiradores– y Pablo Díaz, quien organizó y coordinó el ataque, recibieron 18 años. Los ferroviarios Daniel González y Francisco Pipitó, que impidieron que los periodistas de C5N filmaran el hecho, 11. Claudio Alcorcel, que llevó a Favale al lugar, 8. Otros dos acusados de participar en el homicidio fueron absueltos. La otra pata del caso fue la policial. Los comisarios Jorge Ferreyra y Luis Mansilla recibieron diez años. El tribunal los consideró partícipes necesarios del asesinato por haber liberado la zona para que pudiera ocurrir. Otros policías recibieron penas menores. Los acusados entraron en la sala –en la misma que se escucharon las condenas por el atentado a la AMIA y a los represores de la ESMA, entre otros casos– a las 18.40. Pedraza llegó con la boca abierta, acomodó las manos para que le sacaran las esposas y antes de sentarse miró hacia arriba y levantó un pulgar. En el primer piso se habían ubicado los familiares de los imputados. El resto de los acusados se fue acomodando en la misma fila. En la planta baja, detrás de un vidrio, estaban los familiares y amigos de las víctimas y dirigentes políticos y sociales que fueron a acompañarlos. En la primera fila prácticamente todos eran jóvenes que tenían una remera negra de la organización Hijos que decía “Fue Pedraza” y en la espalda “Mariano Ferreyra Presente”. Más atrás estaban Vilma Ripoll, del MST; Néstor Patrulló y Jorge Altamira, del PO, y Christian Castillo, del PTS. También estuvieron los diputados de La Cámpora Andrés Larroque y Horacio Pietragalla. Rubén “El Pollo” Sobrero –ferroviario de la oposición a Pedraza–, el metrodelegado Roberto Pianelli y Roberto Baradel, de los docentes bonaerenses, fueron algunas de las presencias gremiales. El periodista Horacio Verbitsky fue junto a varios integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que preside y que representó a la madre de Ferreyra durante el juicio. Había pasado más de una hora y media desde las cinco de la tarde, hora para la que se había fijado la lectura de la sentencia y los asistentes ya estaban nerviosos e impacientes. Finalmente, entraron los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Bossi seguidos por Días. Este último se sentó en la silla del medio, probó el micrófono y pidió disculpas por la tardanza. Luego, anunció que no sólo leería la parte resolutiva del fallo –es decir las condenas y absoluciones y los montos de las penas– como se estila en este tipo de juicios, en los que los fundamentos se dan a conocer unos días después, sino que haría una explicación de las decisiones que el tribunal había adoptado por unanimidad. A continuación, durante una hora, expuso –se notó el esfuerzo por ser didáctico– parte del razonamiento que él y sus colegas usaron para resolver la situación de los acusados. Primero respondió a acusaciones de las defensas, que se quejaron porque no se había criminalizado el corte de vías de los tercerizados que la patota de la UF habría intentado impedir el 20 de octubre de 2010. Dijo que ni siquiera hubo “tentativa” de ese delito, ya que el corte no se produjo y, por otra parte, que los gremialistas de la UF no tenían por qué defender las vías pues ésa es función de la policía. Descartó luego que los tercerizados hubieran agredido a la UF. Dijo que estaba probado que Favale y Sánchez fueron los tiradores, pero que ellos no fueron allí por casualidad. “Hubo una convocatoria gremial”, señaló. Explicó que Favale no era ferroviario pero aspiraba a serlo y creía que participando de ese hecho –“correr tercerizados”– podía llegar a conseguirlo. Los demás querían hacer méritos para cuidar su fuente de trabajo. Días habló de la UF como una organización vertical en la que Pablo Díaz, el delegado que estaba en el lugar, reportaba a Fernández (hay muchas comunicaciones entre ellos durante el ataque) y éste a Pedraza. “Fernández lo dijo en el juicio –señaló el juez– ‘yo nunca hubiera hecho nada que Pedraza no quisiera’.” “Favale actúa con seguridad. Dispara sin ningún tipo de pudor. Vuelve a donde estaba la policía y después se va, porque contaba con el apoyo del sindicato y contaba con que no lo iban a detener”, señaló. Las querellas, tanto la del CELS como la de los abogados de la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (Correpi) y la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), que representaban a los heridos, habían calificado el hecho como “homicidio premeditado”, pero el tribunal consideró que se trataba de un homicidio simple por dolo eventual. Esto quiere decir que, según la interpretación de los jueces, durante el ataque no se buscó directamente asesinar a alguien, pero no les importaba si ocurría. En ese sentido, Días manifestó que las querellas demostraron que Pedraza, cultor del modelo sindicalista-empresarial, tenía intereses políticos y económicos en poner un coto a los tercerizados, pero que no había pruebas de que esto se resolviera quitándole la vida a alguien. “La muerte no es para nada garantía de perpetuarse en el poder. Es el final del juego”, dijo el juez y recordó que el asesinato del soldado Omar Carrasco terminó con el servicio militar obligatorio y el de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán precipitó el fin del gobierno de Eduardo Duhalde. Las querellas habían pedido la condena a prisión perpetua de Pedraza como instigador del asesinato, pero los jueces entendieron que no había pruebas de que el dirigente gremial hubiera aleccionado directamente a los autores para que cometieran el crimen. Por eso lo consideraron partícipe del homicidio. Usaron como fundamentos los varios indicios que se aportaron durante el juicio, como la preocupación del líder de la UF por que Favale no hablara luego de su arresto y lo que llamó “el más escandaloso intento de soborno a la Cámara de Casación”. Durante la investigación del asesinato de Ferreyra se descubrió, a través de escuchas telefónicas, que Pedraza buscaba digitar un sorteo en dicho tribunal para que se hiciera cargo del expediente una sala determinada que pudiera beneficiar a la patota que había atacado a los manifestantes y así impedir que el juicio avanzara y él se viera involucrado. También habló Días del interés del sindicato en mantener sus negocios, por ejemplo, en la cooperativa Mercosur, a través de la cual se contrataba a tercerizados para trabajar en los ferrocarriles. Finalmente, el juez hizo alusión a una mención de la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, para que se involucre al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el hecho. El juez manifestó que, en las escuchas en las que el funcionario habla con Pedraza, en las que dice que no le devolvió un montón de llamadas, más bien da la impresión de que Tomada se lo quería sacar de encima. “Verdú muestra, pero no demuestra. Es la diferencia entre una prueba y una manifestación de principios, entre una demostración científica y un truco de magia.” Después de su exposición, casi una clase de derecho, Días pasó a leer el fallo. Pero antes de terminar, tuvo que desalojar el primer piso de la sala a causa de los gritos e insultos de los familiares de los acusados. “Fue una exposición muy seria y con un lenguaje muy directo, claro, de forma lógica y fundamentado. Nosotros habíamos pedido perpetua por instigación con homicidio calificado. Hay detalles técnicos y para opinar en profundidad hay que leer el fallo pero 15 años para Pedraza no es una pena menor. Para los familiares todo es insuficiente y aunque no estamos de acuerdo con todo, creemos que es un fallo muy importante”, dijo Verbitsky luego. Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y motor del juicio, salió de la sala tranquilo, saludó a todos y agradeció a muchos. Dijo que estaba satisfecho. Ni más, ni menos que eso. Beatriz Rial, su mamá, se abrazó con un joven, un familiar o amigo de Mariano. Y lloró. Las condenas - José Pedraza (15 años de prisión): secretario general de la Unión Ferroviaria. Condenado por partícipe necesario del homicidio. - Juan Carlos “Gallego” Fernández (15 años de prisión): secretario administrativo de la Unión Ferroviaria y segundo en la línea de mando después de Pedraza. Coordinó telefónicamente la represión sobre los tercerizados. Condenado por partícipe necesario del homicidio. - Pablo Díaz (18 años de prisión): titular de la Comisión de Reclamos de la ex línea Roca. Respondía a Pedraza y Fernández. Armó y manejó directamente la patota ferroviaria que reprimió a los tercerizados. Condenado por partícipe necesario del homicidio. - Gabriel “Payaso” Sánchez (18 años de prisión): guarda de la estación de trenes Constitución, barra de Racing y miembro de la patota ferroviaria. Uno de los tiradores durante la represión a los militantes del Partido Obrero. Condenado por coautor material del homicidio. - Cristian “Harry” Favale (18 años de prisión): barra de Defensa y Justicia y miembro de la patota ferroviaria. Fue uno de los tiradores. Condenado por coautor material del homicidio. - Salvador Pipito (11 años): delegado de la Unión Ferroviaria en los talleres de Remedios de Escalada de la ex línea Roca. Interceptó las cámaras del canal C5N. Condenado por coacción agravada en el homicidio. - Jorge González (11 años): delegado de la Unión Ferroviaria en los talleres de Remedios de Escalada de la ex línea Roca. Interceptó las cámaras del canal C5N. Condenado por coacción agravada en el homicidio. - Claudio Alcorcel (8 años de prisión): delegado de la Unión Ferroviaria en los talleres de Remedios de Escalada de la ex línea Roca. Convocó a Favale a la patota ferroviaria. Condenado por partícipe secundario del homicidio. - Juan Carlos Pérez (absuelto): portero de los talleres de Remedios de Escalada de la ex línea Roca. Acusado de participar en la recolección de armas tras el tiroteo. - Guillermo Uño (absuelto): picaboletos de la línea ex Roca. Acusado de participar en la recolección de armas tras el tiroteo. - Luis Mansilla (10 años): comisario de la Policía Federal y jefe del Departamento de Control de Líneas. Dio orden de liberar la zona para que la patota ferroviaria reprima a los militantes del Partido Obrero. Condenado por partícipe necesario del homicidio. - Jorge Ferreyra (10 años): comisario de la Policía Federal y hombre a cargo de la División Roca. Dio orden de liberar la zona para que la patota ferroviaria reprimiera a los militantes del Partido Obrero. Condenado por partícipe necesario del homicidio. - Hugo Lompizano (2 años en suspenso): comisario mayor de la Policía Federal e integrante de la Dirección General de Operaciones. Participó en la liberación de la zona para que la patota ferroviaria reprimiera a los militante del Partido Obrero. Condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público. - Gastón Conti (2 años en suspenso): oficial de la Policía Federal e integrante de la Dirección de Operaciones. Participó en la liberación de la zona para que la patota ferroviaria reprimiera a los militante del Partido Obrero. Condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público. - Luis Echevarría (2 años en suspenso): oficial de la Policía Federal e integrante de la Dirección de Operaciones. Participó en la liberación de la zona para que la patota ferroviaria reprimiera a los militante del Partido Obrero. Condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público. - Rolando Garay (Absuelto): subcomisario de la Policía Federal e integrante de la comisaría 30ª y a cargo de los móviles. Acusado de participar en la liberación de la zona para que la patota ferroviaria reprimiera a los militante del Partido Obrero. - David Villalba (Multa de 12.500 pesos): cabo de la Policía Federal y camarógrafo policial. Dejó de filmar cuando comenzaron los disparos. Sancionado por incumplimiento de deberes de funcionario público. Las últimas palabras Al hacer uso de sus últimas palabras, el sindicalista José Pedraza dijo ayer que “la bandera de justicia para Ferreyra se ha convertido en una miserable bandera de perpetua para Pedraza”. Luego, dirigiéndose a la madre del militante del Partido Obrero, Pedraza dijo: “Yo jamás promoví, imaginé ni tuve absolutamente nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo”. Y agregó: “La bala que rozó el corazón de (Néstor) Kirchner también rozó el de todos los ferroviarios, en particular el mío”, al referirse a la muerte de Ferreyra. Al igual que Pedraza, el barrabrava Cristian “Harry” Favale y el ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez se declararon inocentes. Sánchez también se dirigió a la madre de Ferreyra y le aseguró: “Yo no lo maté, señora”. LAS REACCIONES FRENTE A LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL “Un hecho inédito” Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, el abogado de la familia, Maximiliano Medina, y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, se mostraron conformes. Críticas de Altamira. “Es un hecho inédito en la historia de la Justicia argentina que un líder sindical sea condenado por el asesinato de un militante popular”, destacó el abogado Maximiliano Medina, que representó a la familia de Mariano Ferreyra. “Es histórico y debe evaluarse como un hecho político y judicial muy positivo”, afirmó el representante del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Este fallo nos representa de manera positiva”, dijo ante una madeja de micrófonos Pablo Ferreyra, hermano de Mariano. “Ojalá sea una vuelta de página en materia de crímenes políticos”, se esperanzó. Horacio Verbitsky, presidente del CELS, se mostró “conforme” y valoró que se haya condenado “a un miembro de la burocracia sindical cómplice con el desmantelamiento de los servicios públicos de la década del ’90”. Para el secretario general del Partido Obrero, Jorge Altamira, fue “un fallo lleno de contradicciones”. “La refutación de esta sentencia la van a encontrar en los propios fundamentos que dio el presidente del tribunal”, afirmó. “La posición de la familia es que el fallo en principio es positivo”, dijo Ferreyra. “La condena estuvo lejos de la perpetua que habíamos pedido, pero ha abarcado bastante, tenemos la complicidad de Pedraza. Obviamente vamos a apelar, pero es positivo”, evaluó. “Ustedes me conocen, intento moderar una posición, así que a partir de los fundamentos vamos a poder expresar(la) mejor”, afirmó, y destacó “el trasfondo del juicio, que es la burocracia sindical, la tercerización laboral y la violencia institucional, porque acá hay dos policías condenados”. “Ojalá (el fallo) sea una vuelta de página en materia de crímenes políticos”, dijo Ferreyra. “El fallo es en principio positivo, tenemos que ver los fundamentos para poder hablar mejor, tenemos que esperar”, concluyó. Medina también se mostró prudente. “Habrá que hacer una lectura integral cuando se conozcan los fundamentos. Ahí veremos en qué estamos en desacuerdo, cómo fundamentan algunas cuestiones que habíamos planteado, como considerar a Pedraza instigador agravado del homicidio, y analizaremos la posibilidad de recurrir el fallo”, dijo. Sobre la figura de cómplice aplicada al líder sindical, el joven abogado afirmó que “el encuadre jurídico que le dieron lo tuvimos presente, pero en algún punto consideramos que no era aplicable”, motivo por el cual el CELS pidió la condena a perpetua. “Pero habrá que ver cómo lo fundamentaron”, insistió. “Las penas estuvieron de acuerdo con la calificación que escogieron (los jueces), de homicidio simple, que oscilan entre 8 y 25 años”, admitió Medina. “En ese sentido fueron penas razonables, no aplicaron la máxima ni la mínima, e hicieron una evaluación de la gravedad del hecho”, explicó. “La discusión cuando tengamos los fundamentos se centrará en la calificación, no en la pena. Si hubieran aceptado nuestra calificación, la pena habría sido a prisión perpetua; por la que escogieron, fueron razonables”, afirmó. El griterío que derivó en el desalojo de la sala “fue inesperado”, contó el abogado. “Se venía viviendo un clima de escucha atenta de todas las partes y del público. Fue un momento complicado, sobre todo para la familia, aunque de alguna forma el clima fue muy hostil durante todo el juicio. Fue un hecho de violencia feo, pero son cosas que pueden pasar”, desdramatizó. Sobre la atípica anticipación de fundamentos del juez, la consideró “novedosa, en algún punto útil, de hecho todas las partes estuvimos de acuerdo”. Para Altamira, fue “un fallo lleno de contradicciones”, porque “en sus fundamentos muestra que hubo una convergencia intencional de todos los participantes y luego empieza a encontrar atenuantes para negar la existencia de un plan criminal”. “Es contradictorio, porque busca acomodar los hechos para una dirección determinada. Se revela la existencia de un plan criminal, pero luego hace el trabajo de interpretaciones para dar homogeneidad”, cuestionó. “A los policías se los acusa de cómplices, pero dice que engañaban a los mandos superiores. Carga toda la pena en el personal que estaba en el lugar como si la policía fuera una banda desorganizada”, dijo también Altamira y fijó la posición del Partido Obrero: “Nosotros, como el partido del cual Mariano fue su compañero y luchador, rechazamos el fallo, porque quince años puede ser una pena elevada, pero nosotros fuimos por un fallo justo, que sea un modelo para la sociedad”. 20/04/13 Página|12 GB