Por Raúl Dellatorre
El gobierno nacional adoptó esta semana una decisión largamente demorada, al dar el primer paso en la quita a los subsidios en agua y gas, cuyo impacto suele ser medido por el costo político de adoptarla, pero no tanto por las consecuencias económicas resultantes. El costo político, esta vez, es incierto: opositores que apoyan, críticos con planteos absolutamente contradictorios con las propias posturas anteriores, y sectores políticamente afines al Gobierno con “dudas” por las consecuencias en “el bolsillo de la gente”. Lo que aún no entró en debate, pese a su trascendencia, es en qué medida el cambio en la política de subsidios puede aportar a resolver el problema del déficit entre oferta y consumo energético, que hoy coloca al país en una situación límite, muy dependiente de importaciones crecientes. Y cuál habría sido el costo de no hacerlo. Aquí, algunos aportes al debate no siempre tomados en cuenta.
El diagnóstico central de la situación energética en la Argentina es que el fuerte aumento en la demanda de gas en la última década provocó un desequilibrio que está llevando a una necesidad creciente de gas importado. Algunos atribuyen esa consecuencia a la falta de inversiones y esfuerzos exploratorios en lograr nuevos descubrimientos y mayor extracción. De todos modos, no son menos los que sostienen que una demanda en permanente crecimiento, aunque hubiera oferta local suficiente por vía de nuevas reservas explotables, igual se enfrentaría a un cuello de botella en la infraestructura de distribución (red de cañerías para consumo domiciliario), dada la alta concentración geográfica de los consumidores. Una situación similar a la que existe en la distribución eléctrica.
El cambio en el esquema de subsidios no sólo busca resolver a la vez una cuestión de equidad tarifaria y de ahorro de recursos públicos para aplicarlos a otros fines, sino también generar una señal de precios que desaliente el mal uso o derroche de un bien escaso y estratégico, como es el gas y también el agua. En este sentido, el del uso racional, hay un aspecto que desde el plano académico ha sido fuente de preocupación y motivo de análisis y debates reiterados en los últimos años: Argentina no ha aplicado políticas de uso racional de la energía y así generó una matriz de consumo energético antieconómica e, incluso, peligrosamente insostenible por mucho tiempo más. Desde esta visión (tanto en la Universidad Nacional de San Martín como en la UBA abunda material de alto nivel al respecto), el gran error o el gran ausente en la política sectorial fue no haber buscado instalar la prioridad del uso responsable y racional de los recursos energéticos.
Algunos especialistas consultados por Página/12 para esta nota prefirieron no hacer público su punto de vista para no aparecer cuestionando la quita de subsidios, que consideran “necesaria” pero que no ven orientada al uso racional de energía. En realidad, están enojados, porque las advertencias de los expertos no fueron escuchadas. Pese al enunciado del plan como Políticas de Reasignación de Subsidios y Consumo Responsable de Gas, pese al señalamiento de la Presidenta respecto de la importancia del ahorro de gas en las cuentas públicas (un uno por ciento menos de consumo de gas es igual a un ahorro de 86 millones de dólares al año por importaciones de GNL), no están conformes. “Es un poco de barniz a una medida que tiene un costo político, como es subir las tarifas”, se señala desde los pasillos universitarios. “Son paliativos, no es una política”, aseguran. “Hay gran cantidad de medidas que se propusieron para ahorrar energía y no se tomaron”, recuerdan otros. ¿No se discutirán ahora, que se rompió la caja de vidrio de los subsidios?
La única medida concreta para inducir una baja en la demanda de gas (también de agua) que viene con la quita de subsidios es el aumento del precio y un “premio” (mantenimiento del subsidio) para quien reduzca la demanda en un 20 por ciento. Para los especialistas, por sí sola es insuficiente. “Los sectores de altos ingresos fueron alentados a llenar la casa de artefactos eléctricos y a gas porque la energía era casi regalada. La cultura (consumista) no se cambia de un día para el otro; hubiera sido necesario un impacto mucho más fuerte en la tarifa, políticamente insostenible, para tener como resultado un ahorro de consumo”, se plantea crudamente.
Pero esa encrucijada, para los expertos, no es más que una trampa por ignorancia. Hay medidas más simples y con resultado mucho más notable que ni siquiera se analizaron, aseguran:
- El piloto encendido. Por cada calefón que tiene el piloto encendido durante todo el día se consume medio metro cúbico de gas. Hay 11 millones de calefones en uso en el país, lo cual hace un total de más de 5 millones de m3 derrochados por día. Esa cifra es equivalente a las importaciones diarias de gas de Bolivia, o a un total de 1200 millones de dólares al año. ¿Es necesario que todos apaguen el calefón cada vez que dejan de usar el agua caliente? No, responden los especialistas, hay que reemplazar los viejos artefactos por otros “inteligentes” que no permanecen prendidos cuando no se usan, y que se fabrican en el país. “Reemplazar todos los calefones podría tener un costo total de 3000 millones de dólares, que se recuperan en un año y medio por ahorro de importaciones. Además, los equipos tienen una vida útil de 12 a 15 años”, señalan.
- Aislación térmica de las viviendas. Una capa de 5 cm de lana de vidrio aplicada entre el ladrillo y el revoque en la construcción reduce notablemente las necesidades de calefacción o refrigeración del inmueble. El costo es ínfimo.
- Energía solar. “El 70 por ciento de la energía que se importa se usa para calentar agua. Un hogar que tenga una pantalla solar del tamaño de una cama, podría calentar por esa vía toda el agua que necesita a diario.” Hay otras propuestas.
Un detalle más: la experiencia de otros países. Varios países europeos, hasta 1973, tenían una tasa de crecimiento similar a la del consumo de energía. Con la primera gran crisis del petróleo, varios empezaron a buscar alternativas de ahorro de energía y, en pocos años, lograron recuperar las tasas anteriores de crecimiento pero con un consumo “plano” de energía, sin crecimiento, pese al aumento de la población incluso (Alemania y Dinamarca son ejemplo de ello). En América latina, varios países están aplicando, y con éxito, políticas en tal sentido. México, Brasil, y más recientemente Chile y Uruguay. Las cifras oficiales mostraban esta semana la discrepancia entre el consumo de energía en la Argentina y en esos otros países latinoamericanos. La explicación no está sólo en el creciente consumo local, sino en las políticas de ahorro que otros implementan y la Argentina no.
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