Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com
Imagen Sup. Muerte violenta de un “no perseguido político”. Descripción exhaustiva.Realización de autopsia.// Imagen Inf. Muerte violenta de un “perseguido político”. Sin descripciones y sin autopsias. Intervención del área 113 y catalogado como “sub” de puño y letra de los médicos. //Adelina Alaye. El libro Morgue fue pieza clave de su investigación.
La comparación entre las descripciones realizadas por los policías médicos muestra con claridad cómo la exhaustividad que demuestran cuando se trataba de una muerte violenta no relacionada con la represión ilegal desaparecía en los casos en que describían la causa de muerte de una víctima del terrorismo de Estado. Eran un engranaje más del plan sistemático de desapariciones.
“Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.”
Del Juramento hipocrático.
La puerta fue abierta por la madre de Plaza de Mayo Adelina Alaye al prestar testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido Carlos Rozanski. Allí presentó los resultados de una investigación propia de más de treinta años sobre los “enterramientos de NN” en el Cementerio platense que, entrecruzados con las actas de defunción de personas identificadas como NN en el período 1976-1983, no sólo permitió la identificación de muchas de las víctimas, sino que puso al descubierto la complicidad de por lo menos 28 médicos policiales que actuaron en el llamado Circuito Camps. Es la primera vez que se los acusa públicamente de ser partícipes necesarios del plan sistemático de desaparición de personas.
Para que la investigación avanzara fue determinante el descubrimiento de un libro de registros de la Morgue Policial, donde los médicos de la Bonaerense anotaban las prácticas médico-legales que realizaban diariamente. Del análisis de estas anotaciones surge con claridad el trato diferente que daban a los cadáveres de las víctimas del terrorismo de Estado en comparación con los de los muertos por otras causas. Mientras que a los últimos se les realizaban autopsias exhaustivas (con análisis de sangre, extracción de proyectiles, descripción física y hasta de vestimenta) y se las anotaba en detalle, en el caso de los primeros sólo se consignaba la causa de la muerte en una sola línea: “Destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”, omitiendo cualquier otro signo que presentaran los cuerpos, fundamentalmente la presencia o no de pólvora en la herida (determinante para saber si se trató o no de una ejecución), la existencia o no de otras heridas de bala y/o la presencia de señales de tortura. Tampoco se consignaba ninguna particularidad que permitiera su posterior identificación.
En otras palabras: de la lectura de los registros se desprende con claridad que los médicos policiales, con sus intervenciones, legalizaban lo ilegal y colaboraban con la política de desaparición de personas instalada por la dictadura. Al omitir los signos de tortura que presentaban los cuerpos y no especificar con claridad la causa de la muerte colaboraban para hacer pasar las ejecuciones de los perseguidos políticos por “enfrentamientos armados”.
La función de un médico forense no es sólo determinar la causa de la muerte sino también las circunstancias en que se produce esa muerte. Con las víctimas del terrorismo de Estado, lo que hacían los policías médicos de la Bonaerense era ocultarlas.
El testimonio de Adelina Alaye ya tuvo una primera consecuencia extrajudicial: la renuncia y posterior exoneración del vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, Enrique Pérez Albizú, al quedar expuesto por la firma –entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 1977– de 9 registros de exámenes de cadáveres NN de personas asesinadas por la represión dictatorial. Durante ese período, Pérez Albizu firmó la realización de 133 pericias medico-legales. En los casos de lesiones o muertes traumáticas (accidentes varios, suicidios, etc.), describe exhaustivamente el estado de los cuerpos y las causas de las muertes mientras que en los nueve identificados como NN sólo utiliza la lacónica fórmula de “destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”.
Los otros médicos denunciados son: Alberto Vitali (4 certificados), Carlos A. Zenof (2), Carlos Morganti (28), Carlos R. Hid (1), Eduardo Sotes (9), Ernesto L. Gelemur (7), Héctor A. Darbon (10), Héctor F. Rodríguez (2), Héctor J. Lucchetti (8), Jorge Zenof (50), Julio C. Brolese (10), Luis Bajkovec (14), Mario B. Cavazzutti (1), Néstor P. De Tomas (21), Omar R. Langone (12), Raul F. Etcheverry (18), Raúl O. Canestri (8), Ricardo Zufriategui (1), Roberto Ciafardo (23), Roberto Dossena (6), Rolando Llanos (8), Rómulo Romero Gauna (3), Rubén Ben (3), Salvador O. Leone (1) y Willy O. Michelic (9).
El libro Morgue. La investigación realizada por Adelina Alaye con la colaboración de Ricardo Martínez y Karen Wittenstein se basa en registros oficiales de defunciones e inhumaciones, testimonios, informaciones de la prensa de la época, y recientemente en el análisis del llamado Libro Morgue que contiene los registros del 25 de febrero al 25 de mayo de 1977 que los policías médicos de puño y letra escribían. Es el único que se ha podido recuperar. La historia de estos registros forenses también revela la trama de ocultamiento. Se sabe de la existencia de 24 de estos libros en el período que va desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. De ellos, 23 fueron requeridos para la instrucción del Juicio a las Juntas Militares, en tanto que el restante (el único rescatado) fue entregado en su momento a otra unidad de la Justicia Federal. Los 23 utilizados en el Juicio de las Juntas fueron devueltos a la Policía Bonaerense a mediados de la década de los ’80, cuando desaparecieron no tan misteriosamente: quien los recibió y los tuvo a su cargo fue el médico policial Néstor De Tomas, uno de los policías médicos firmantes de los registros. La Cámara Federal resolvió que se iniciara la instrucción de una causa, la cual quedo a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, del juez Manuel Blanco, donde quedó congelada.
Miradas al Sur tuvo acceso al informe preparado por los investigadores para la Universidad Nacional de La Plata con relación a la actuación del vicedecano de Medicina Pérez Albizú en sus tiempos de policía médico de la Bonaerense. Allí se resume con claridad el accionar de los médicos. Según el informe, en el Libro Morgue recuperado “los certificados de defunción en un 70% consignaban (como) causa de muerte ‘destrucción de masa encefálica por disparo de arma de fuego’”. Nunca estaban acompañados de un análisis exhaustivo de las lesiones que pudieran dar cuenta de que fueron ejecuciones (…). Aun cuando se consignaran otras causas de muerte como ‘múltiples heridas de armas de fuego’ no se realizaban descripciones que las buenas prácticas forenses exigen; en cambio, en aquellos cadáveres de fallecidos por causas violentas no vinculadas con el accionar represivo (accidentes, homicidios, suicidios, etc.) la descripción de las lesiones se hacía siguiendo el buen proceder: la excusa (n. de la r: esgrimida por algunos de los médicos denunciados en los Juicios por la Verdad) de que no se realizaban autopsias por la evidencia clara de las causas de muerte no se aplicaba a estos últimos casos ya que sistemáticamente se realizaban las autopsias de rigor”.
Más adelante, el informe define: “Esto pone en evidencia un doble estándar o, mejor dicho, una doble moral que comprometía al conjunto de los policías médicos de la Morgue. El Libro recoge de puño y letra las denominaciones ‘SUB’ (subversivo) de esos ‘NN’ asesinados en falsos enfrentamientos y las especificaciones de la intervención del Área 113 (de Operaciones), Regimiento 7 , SIM (Servicio de Inteligencia de la Marina), Comisarías o Unidades regionales policiales”. Y concluye: “La investigación de Adelina Alaye da cuenta de una dimensión no demasiado estudiada del plan sistemático de exterminio, en tanto identifica un eslabón del proceso de secuestros, desapariciones, torturas, vejámenes, asesinatos y ocultamiento de identidades y circunstancias. Los médicos de la Morgue, ‘legalizando lo ilegal’ fueron parte integrante del plan sistemático”.
Botón de muestra. Hasta el 13 de abril de 1977, los jóvenes Nancy Cereijo, Andrés Lofvall, Estela Maris Iannarelli, Carlos Mario Ilacqua, Elizabeth Frers, que según algunos testimonios estaba embarazada, y María Angélica Ferrari, secuestrados en varios procedimientos durante los meses previos, permanecieron detenidos-desaparecidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca. Ese día, según el testimonio de la sobreviviente Alicia Mabel Partnoy, fueron trasladados. Su siguiente destino fue La Plata y quizá en particular el centro clandestino de detención de La Cacha, en Lisandro Olmos. Sus suertes ya estaban echadas. De acuerdo con publicaciones del diario platense El Día, que solía reproducir como si fueran noticias los partes del Comando Zona I, Estela Maris Iannarelli y Carlos Mario Ilacqua murieron, junto con otro joven NN, en un enfrentamiento con fuerzas “legales” el 16 de abril de 1977 en Lisandro Olmos. Nancy Cereijo y Andrés Lofvall –de acuerdo con los partes militares– cayeron en otro enfrentamiento, el 23 de abril en Sarandí. Por último, Elizabeth Frers y María Angélica Ferrari, murieron también en un “enfrentamiento” en diagonal 73 esquina 25, de La Plata, el 21 de abril de ese año, junto con otros dos NN masculinos.
El informe basado en la investigación de Adelina Alaye reconstruye el circuito de los cuerpos de las cuatro últimas víctimas (probablemente similar a los de los otros “trasladados”) y deja en negro sobre blanco el papel que tuvieron los médicos policías en la maniobra.
Los cuatro cadáveres ingresaron a la Morgue de la Bonaerense el 21 de abril de 1977. Se los identifica como cadáveres 674, 675, 676 y 677. El jefe de guardia era Raúl Etcheverry y el médico forense encargado de examinar los cuerpos era Enrique Pérez Albizú. La entrega de los cuerpos para que fueran enterrados como NN en el Cementerio de La Plata se realizó al día siguiente. Los firmantes de las entregas son los policías médicos Luis Bajkovec (cadáveres 675 y 677) y Carlos Zenof (cadáveres 674 y 676).
El tratamiento pericial de los cadáveres que se desprende del Libro Morgue es un claro ejemplo de la mecánica general. Según el informe de Alaye, Martínez y Wittenstein, “estos cuatro policías médicos fueron las últimas personas que pudieron determinar las causas y circunstancia de muerte de los jóvenes”. Queda en evidencia que no lo hicieron. “Todos son anotados como NN y no existe la más mínima descripción física de ninguno de ellos –dicen los investigadores–. Por supuesto, nada aporta para dilucidar acerca del posible embarazo de Frers. Los nombres de ella y de Ferrari fueron agregados con posterioridad, seguramente cuando sus familias lograron recuperar los cuerpos en las circunstancias siniestras que se desprenden de sus testimonios. Como siempre, no hay ninguna mención a lesiones conexas ni detalles acerca de los disparos. Se sabe con certeza que al menos las chicas estuvieron secuestradas entre tres y cuatro meses en “La Escuelita” y sometidas a torturas y tratos crueles; además, permanecieron en algún CCD de La Plata cerca de siete días antes de ser ejecutadas. El policía médico Enrique Pérez Albizú anota idénticas causas de muerte en todos los casos: destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, y los cadáveres reciben números correlativos: 674, 675,676 y 677(…). Le llevó menos de media hora de “trabajo profesional” hacer las prácticas forenses necesarias para tratar de determinar con precisión qué ocurrió con cuatro jóvenes muertos violentamente”.
“Por las actas de defunción Nº 45.237 (675) y 45.239 (674) sabemos que los jóvenes NN fueron inhumados como tales y trasladados luego al osario –concluyen–. En estos casos la intervención médica de la Morgue Policial legalizando el horror fue plenamente exitosa al completar la cadena montada por el Estado terrorista: persecución, secuestro, tortura, muerte, omisión de identidad, señas y circunstancias del crimen y desaparición del ejecutado bajo una tumba NN”.
No sabe, no contesta. Los “enterramientos de NN” en el Cementerio de La Plata fueron objeto de numerosos testimonios en los Juicios por la Verdad. A raíz de ello, los jueces decidieron citar a varios de los policías médicos, entre ellos a Pérez Albizú, Zenof y Bajkovek. Sus argumentos parecen calcados: que ocurrió hace mucho tiempo y que por lo tanto no pueden recordar; que muchas veces firmaban los certificados de defunción sin ver los cadáveres, basándose en las anotaciones que sus colegas realizaban en el Libro Morgue; que procedían de igual manera con todos los cadáveres, fueran o no muertos en “enfrentamientos”; que no realizaban autopsias porque las causas de muerte eran tan evidentes que no hacían falta. En preguntas sobre casos específicos, las respuestas siempre eran las mismas: “Firmé pero no vi el cadáver” o “De los que vi no me acuerdo”.
Luego de consultar a numerosos médicos platenses que conocen a algunos de los denunciados, Miradas al Sur pudo saber que, en confianza, no pocos de ellos confiesan a sus colegas que actuaban de esa manera porque no les quedaba alternativa, que lo hacían por temor. Uno de ellos, Julio Brolese, utilizó este argumento en su testimonio en los Juicios por la Verdad: “El temor era porque me encontraba en un sector donde podían pasar muchas cosas. A veces podía suceder que uno demuestre demasiado interés por averiguar determinadas cosas y la superioridad podría volverse en su contra. A mí la policía nunca me obligaba a hacer nada de lo que yo no quería (…). Lo que sí me daba temor era que me encontraba con un vínculo con la policía y en ese momento la situación era bastante peligrosa”, dijo en su declaración del 10 de marzo de 1999.
En cambio, su colega Omar Rafael Langone, en una declaración del mismo día, descartó cualquier tipo de coacción: “Nadie nos obligó ni nos puso una pistola en la cabeza para que tengamos que hacer lo que estábamos haciendo, ya que lo hacíamos porque como médicos teníamos la obligación de certificar la causa de la muerte”, dijo.
Si se compara la actuación de los policías médicos de La Plata con las de otros forenses puestos ante la misma situación en otros lugares no quedan dudas de que sí tenían la posibilidad de actuar respetando la ética profesional y sin transformarse en cómplices voluntarios del plan sistemático de desaparición de personas.
Según las investigaciones de Alaye, Martínez y Wittenstein, los médicos forenses de la Morgue Judicial de la Capital Federal se opusieron a las órdenes y realizaron autopsias pormenorizadas, de las cuales guardaron copias. Cuando llegó el momento de dar cuenta de sus actos, pudieron presentar las autopsias en regla. Ninguno de ellos fue acusado.
Asimismo, los médicos policías de Mar del Plata hicieron, salvo excepciones, las autopsias respetando las reglas del buen ejercicio profesional, tratando a todas las muertes violentas de la misma manera a la hora de establecer sus causas. Cuando fueron llamados a declarar, describieron lugares y circunstancias y no dudaron en hablar de “ejecuciones”.
Los policías médicos platenses eligieron otro camino: el del silencio mafioso para evitar las consecuencias de su participación en la maquinaria del terrorismo de Estado. Todos ellos siguieron sus carreras sin pagar por los delitos cometidos. Enrique Pérez Albizú llegó a ser, hasta hace pocos días, vicedecano de la Facultad de Medicina . Luis Bajkovec y Carlos Zenof integraron la lista que en agosto de 2011 ganó las elecciones del Centro de Médicos Jubilados y Pensionados del Distrito 1. La lista se llamaba, paradójicamente, “Dignidad profesional”. Julio César Brolese fue funcionario de la Asesoría Pericial de La Plata y desde allí aconsejaba a los familiares de las víctimas no denunciar los abusos sexuales contra niños perpetrados por sacerdotes, alegando que “nunca se iba a poder demostrar nada”. Y hace unos pocos días, en una clara apología del delito, reivindicó esa omisión de deberes de funcionario público en un juicio en el que actúa como perito de parte de un acusado por abuso sexual infantil agravado. La investigación presentada por Adelina Alaye durante su declaración en la causa de La Cacha tal vez sea el primer paso para que sean juzgados y deban responder por sus delitos de lesa humanidad.
Los médicos del infierno
Por Miguel Angel Molfino. Escritor
politica@miradasalsur.com
Doctor, lo consulto porque estoy orinando sangre.
Hacía unos días que me habían trasladado de la Brigada de Investigaciones a la U7, la cárcel de máxima seguridad del Chaco, y estaba muy maltratado por la tortura. La Brigada era el centro clandestino más grande y brutal del Nordeste.
Preocupado por los dolores y por la sangre que emitía, pedí médico. Me atendió el tipo en una celda vacía y mugrienta, y me pidió que me mantuviera a dos metros de su mesita. Por supuesto, no me revisó, ni me auscultó.
El doctor Petraglia, médico muy conocido, incluso por mi familia, me miró en silencio y, semisonriendo, me dijo:
–¿Y por qué será, Molfino?
–Doctor, hasta hace tres días me estuvieron torturando en la Brigada.
–¿Así que te estuvo mortificando Thomas? (Carlos Alcides Thomas era el jefe de la patota.)
–Sí, doctor. Me torturó fiero.
–Che, Molfino... ¿no te estarás haciendo mucho la paja? Mirá que si sos muy pajero, te sangra el chilo.
Me dio tres dipironas para que las tomase cada ocho horas.
El sueño del Mengele propio. En los primeros días de enero de 2014, murió el médico policial Héctor O. Grillo. Esperaba el juicio oral mientras cumplía prisión domiciliaria. Fue un chacal cuya ferocidad para la tortura llamaba la atención.
Para empezar, la Justicia acusó a Grillo de haber entregado certificados de defunción en la Masacre de Margarita Belén, donde cerca de treinta militantes montoneros fueron torturados y fusilados por el Ejército en diciembre de 1976.
El médico no fue una pieza más del engranaje de la maquinaria asesina que habilitó miles de muertes, sino que tuvo un rol protagónico. “Ponía su conocimiento profesional a disposición de los autores de las torturas”, sostuvo el juez federal Skidelsky.
Dueño del Sanatorio Galeno de Resistencia y de un inocultable prestigio social, en las sombrías recámaras de los tormentos se transfiguraba en un ser bestial que no sólo “atendía” a los militantes detenidos cuando se quedaban en la máquina, sino que –está probado– participó de vejámenes y otras degradantes tropelías contra las mujeres en cautiverio.
Yo mismo fui atendido por este Mengele de provincias, cuando casi me les quedé en la parrilla por exceso de consumo de electricidad. Una vez recuperado, escuché la voz de Grillo diciendo: ya salió, pueden seguir. Y el ronquido brutal del torturador Manader, que me dijo: Preparate, con vos vamos a dejar sin luz a Resistencia.
Es una pena que la muerte nos lo haya arrebatado. Todas sus víctimas queríamos verlo sudar (y no de calor) sentado frente al tribunal oral, mientras los testimonios le recordaran los alaridos de sus pacientes atormentados.
En el caso de Margarita Belén, a Grillo se lo acusó por no haber advertido en los certificados de defunción que los cadáveres que examinó tenían heridas de armas de fuego. También se le cuestionó que englobara en traumatismo las causas de la muerte de la mayoría de ellos, cuando algunos de los cuerpos habían sido castrados, mutilados y sus rostros desfigurados a golpes. Tan es así que los cajones fueron entregados a los familiares, cerrados y sellados, y con órdenes de no abrirlos. Y si algo se sabe de las mutilaciones es porque algunos familiares terminaron abriendo los féretros hechos de madera balsa.
Su familia terminó alejándose del criminal y su ostracismo social fue creciendo con el tiempo.
No bien salimos en libertad, se imprimieron afiches con las fotografías de los represores y colaboradores. El texto era simple: ¿SABE USTED QUIÉN ES SU VECINO? Llevaba la foto del tipo que vivía en la cuadra acompañada por una pequeña reseña de su actuación durante la dictadura. Una tarde, irrumpió en mi casa una jovencita, llegaba alterada y con los ojos rojos por el llanto. Tomándome de los hombros, me sacudió y me preguntó: ¿Es cierto lo que dicen los carteles de papá? La miré y le respondí que sí, que los carteles decían la verdad. Tu papá era un animal.
Se multiplicaron las pintadas acusatorias y el hervor de los jóvenes, los maduros y el nuestro, los ex presos, barbotaba en la olla a presión que no tardaría en abrirse en una explosión de justicia.
El ejército invisible. Visten trajes oscuros, camisas blancas o celestes y corbatas sombrías. Son sus uniformes de combate, camuflados de civiles, se internaron como SEALs en la jungla de la ciudad y tomaron prisioneros y, también, decidieron muertes. Dispuestos a todo, impiadosos como soldados de elite, finalmente los abogados y jueces de la Justicia Federal de aquella época cayeron prisioneros.
La Justicia democrática sí toma prisioneros.
Ahora están en prisión, en la misma U7 donde nos recluyeron años atrás, pero cuando el retumbar de los borceguíes sembraba el terror entre los chaqueños, fueron piezas claves para maquillar la ilegalidad de los procedimientos represivos.
Son el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y los ex fiscales federales Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, este último muerto en 2010, ya procesado.
Todos tuvieron conocimiento de los apremios ilegales y hasta fueron testigos presenciales. En mi caso, me consta que Roberto Mazzoni se hallaba en el cuarto de torturas cuando yo recibía castigos. Me tenía un especial odio, por fuertes razones ideológicas (desde joven fue un facho redomado, Resistencia es chica) y quizá porque su esposa, Margarita, fue compañera de colegio y de los asaltos que organizaban mis hermanas en mi casa paterna. No olvidar que mi familia, en pocos años, se convirtió en el paradigma de la subversión resistenciana.
Era costumbre del ex fiscal Carlos Flores Leyes, hombre corpulento y de aspecto amenazante, tomar declaraciones a los detenidos exhibiendo una pistola Ballester Molina, en su propia oficina y a tres metros del despacho del ex juez Córdoba.
Ahora, el puño de la Justicia se ha cerrado sobre ellos.
Marcas imborrables Por Felipe Deslarmes
fdeslarmes@miradasalsur.comMarcelo Duhalde.//Mariana Galli.//Charly Pisoni.
Tres reflexiones sobre la recuperación del Estado de derecho, la lucha y la construcción colectiva de la vida social.
A treinta años de democracia, una construcción que recién se está consolidado, todavía hay resabios: la conformación de las distintas corporaciones que van desde la corporación judicial a la de los medios de comunicación, pasando por la de los grupos económicos que se beneficiaron con la última dictadura”, señala a Miradas al Sur Charly Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, y puntualiza que una de las deudas pendientes es la democratización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. “Se ha avanzado muchísimo con este Gobierno que ha levantado las banderas del respeto del derecho humano a la vida, ordenando a los integrantes de las fuerzas de seguridad que no se reprime la protesta social. Sin embargo, todavía nos queda por hacer. No podemos tolerar que, a treinta años de democracia y a treinta y ocho años del golpe genocida, haya torturas en cárceles o casos de violencia o abuso policial”. Entiende que corrió demasiada sangre en la historia de la Argentina y que “una de las formas de afianzar la democracia es democratizando las fuerzas de seguridad”, señala Pisoni, con el profundo conocimiento de las marcas de la dictadura porque es hijo de desaparecidos.
“Las marcas que ha dejado la dictadura trascienden ampliamente el área de los Derechos Humanos y que tienen que ver con una cultura instalada a través del tiempo, no sólo por la última dictadura sino por todo lo periférico de sus corresponsables; y es ahí donde tienen un papel fundamental los medios de comunicación”, observa a este medio Marcelo Duhalde, director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y hermano de Eduardo Luis Duhalde, quien fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación hasta su deceso, el 3 de abril de 2012.
Duhalde hace referencia a la instalación de una cultura vinculada a un pensamiento de país para pocos, donde se aplican medidas económicas que aseguran la rentabilidad de los que más tienen y sostiene que los derechos humanos transitan horizontalmente toda la sociedad y fueron violados o ignorados “fundamentalmente por cuestiones económicas”.
“Que todas estas banderas que hemos llevado adelante durante tantos años –observa Pisoni– hoy sean políticas de Estado, es para nosotros ver concretar un imposible. Ver a Astiz tras las rejas, que Videla no haya muerto en libertad e impune, nos parecía un imposible.” Para él, las políticas de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia fueron los pilares para construir un país sin impunidad. “En un país con impunidad habría sido imposible que Pedraza estuviera preso, que se construyera la justicia social o ampliaciones de derechos como la Asignación Universal por Hijo, los seis millones de puestos de trabajo, las más de 1200 escuelas, ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, un plan de viviendas con Procrear... Entonces, cuando se habla de derechos humanos no se está mirando al pasado, sino que justamente se está mirando al futuro.”
Para Duhalde, también en la década del 70 se defendían los derechos humanos, aunque con organizaciones como la Asociación de Familiares de Presos Peronistas, o el Movimiento contra la Represión y la Tortura. “Esta definición tan clara sobre los derechos humanos se fue construyendo con el tiempo”, asevera. Su hermano y Rodolfo Ortega Peña fueron precursores en la defensa de los presos políticos, sociales, gremiales y estudiantiles que todavía no había alcanzado los niveles posteriores a 1976. “El bombardeo a Plaza de Mayo de junio del ’55 fue uno de los quiebres en la historia y el cambio de método en la represión que irá incrementando la violencia, primero con la proscripción del peronismo y la prohibición de siquiera mencionar sus nombres o símbolos; luego con el encarcelamiento y tortura de dirigentes, la intervención de los sindicatos y la anulación de las conquistas populares. “Pero tomará características impensadas con el asesinato y desaparición del dirigente sindical peronista Felipe Vallese, punto de partida de otros secuestros de la década del 60. Y tomará dimensiones brutalmente masivas después del ’76 llegando a 30.000 desaparecidos.”
Pisoni fue uno de los integrantes y fundadores de Hijos, una agrupación que renovó el pedido de justicia en la década del ’90, cuando los responsables de delitos de lesa humanidad circulaban por las calles con total impunidad, luego de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y del indulto menemista. Hijos había surgido de acompañar a los movimientos de derechos humanos pre-existentes como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y Familiares que habían comenzado la lucha en plena dictadura. Por entonces, un grupo de hijos de desaparecidos a quienes cada vez se sumaban más adherentes ayudaban a la comunidad, informando con representaciones artísticas que al lado de su casa vivía un asesino. Eran los escraches. “De alguna manera los genocidas se refugiaban en el anonimato. Que no hubiera un proceso judicial y no se conocieran sus caras les otorgaba impunidad. Aquello era desenmascararlos y advertir a los vecinos que ese tipo había violado a mujeres, apropiado a bebés y torturado a gente sin defensa”. Sostenían que “si no hay justicia, hay escrache popular” y por eso, con la anulación de las leyes de la impunidad se terminaron los escraches y los militantes se dedicaron a reunir pruebas para colaborar con la Justicia. “De la parte jurídica no sabíamos una goma, entonces tuvimos que aprender a leer los expedientes, saber qué era un juicio oral, informarnos para ayudar a reunir pruebas”.
Aquel 24 de marzo de 1976 tomó a los hermanos Duhalde en la clandestinidad y con varias medidas precautorias que habían empezado a poner en práctica luego de que el 31 de julio de 1974 asesinaran a Rodolfo Ortega Peña, principal referente de su grupo y el primer asesinato político asumido públicamente por la Triple A. “Eso nos obligó a pasar a la clandestinidad. Dejamos de frecuentar nuestros lugares. Había 10 mil efectivos buscándonos.” Pocos meses antes del golpe, Eduardo Luis creaba la Comisión Argentina de Derechos Humanos para recurrir a organismos y prensa internacional para denunciar lo que estaba pasando, ya no sólo con la Triple A, sino con los militares ejerciendo la represión en distintos lugares del país.
Prácticamente sitiados, decidieron irse del país desde donde seguirían denunciando. De la recopilación de información que obtuvieron en esos años y buscando frenar el accionar de los militares, surgió el libro El Estado Terrorista Argentino, que revelaba el horror que se vivía en la Argentina, mucho antes de la salida del Nunca Más. “Era una síntesis del pensamiento de Eduardo y del trabajo que hizo por la defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos”, señala a Miradas al Sur Marcelo Duhalde sobre el primer libro que revelaba un Estado al servicio de políticas genocidas, cómplice y posibilitador de la masacre que sufrió el pueblo argentino.
“Se ha avanzado mucho en materia de Justicia, hay más de 500 condenados, hay cientos de procesos en curso, hay investigaciones por parte de fiscales, hay 110 nietos recuperados, pero todavía falta mucho más sobre la verdad; qué pasó con el destino de nuestros viejos, de nuestros familiares y seres queridos”, detalla Marianela Galli, hija de desaparecidos y quien recientemente celebró con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, un nuevo hallazgo de documentos que prueban la participación de militares en casos de violaciones a los derechos humanos. “Falta todavía indagar más sobre el rol de las empresas durante la dictadura. Necesitamos que se eleven a juicio las causas donde están involucradas las empresas Ledesma, Ford, Loma Negra; corresponsables del golpe, de secuestros, tortura y desaparición de trabajadores”, remarca y celebra la decisión de que cada uno de los organismos del Estado hoy están revisando su propia memoria. “Pero también hay que trabajar para lograr herramientas jurídicas que permitan no solamente condenar a los responsables individuales de esas empresas sino también a las empresas. Ya empezamos por los empresarios y directores que estuvieron a cargo y que entregaron listas de trabajadores, aportaron infraestructura y móviles o instalaron salas de tortura en las fábricas”. Pero Galli considera que hace falta ir más allá y reclama revelar “quiénes y cómo son las decenas de grupos económicos que se beneficiaron endeudando empresas por 23 mil millones de dólares a sabiendas que la deuda se estatizaría gracias a una maniobra de Domingo Cavallo. Algo que nos sigue condicionando, porque quienes se beneficiaron entonces, encima nos siguen presionando”.
“Había una gran simbiosis entre Néstor Kirchner y Eduardo Luis –revela Marcelo Duhalde–. Yo escuché decir a Néstor que él se había formado leyendo a Ortega Peña y Duhalde. Y Eduardo dejó de ser juez para sumarse al proyecto de Néstor, porque estaba convencido del político que tenía al lado y lo explicaba de esta manera: ‘Está en Néstor el fuego sagrado de los grandes líderes que llevan adelante las grandes transformaciones’.” Uno de los mayores desafíos que debió enfrentar Néstor Kirchner fue mejorar la relación de las FF.AA. generando un contexto que permitiera recuperar la Memoria, Verdad y Justicia, recuperando documentos, derogando el Código de Justicia Militar, conformando unas FFAA con valores democráticos que no carguen un pasado sangriento y modifiquen su instrucción y concepto. “Pero todavía falta concretar que las propias fuerzas se apropien de historias como la de mi viejo o como la de Valle –reclama Galli–; me gustaría que construyeran Memoria no a través de la historia oficial sino de las resistencias que se dieron en el marco de las FFAA.” Galli tiene muy presentes las marcas personales que le dejó la dictadura: “El no haber podido conocer a mis padres, no poder disfrutar de los hermanos que me podrían haber dado, porque sé que ellos planeaban tener muchos hijos, pero me quedó el libro de poemas de mi viejo que cuando ando bajoneada me levanta el espíritu… voy ahí y me da fuerzas…”.
Economía y negocio: lo que dejó la dictadura
Por Celeste Perosino, Bruno Napoli, Walter Bosisio*
politica@miradasalsur.com
A mediados de diciembre de 2013 el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto en el análisis de información y, eventualmente, aportar constancias documentales a las causas que por violaciones masivas a los derechos humanos tramitan ante los tribunales del país. A partir del hallazgo el 31 de octubre del mismo año de un archivo pleno de documentación y registros elaborados durante la última dictadura cívico militar con más de mil seiscientas actas encontradas se planteó un trabajo conjunto entre ambos organismos estatales para analizar de manera coordinada la dimensión económica de dicho archivo. La experiencia realizada durante casi dos años por el equipo de investigación de la Oficina de DDHH de la CNV se integró al equipo de investigación del Ministerio de Defensa con el fin de aportar una mirada especializada sobre estos temas.
Ahora bien, bajo este contexto de relevamiento de actas y documentos donde emergen escritos de los diversos organismos burocráticos (proyectos de ley con discusiones y asesoramientos de actores partícipes taquigrafiados de la CAL junto a resoluciones y acciones de varios ministerios) que permitieron ejercer el poder de facto de esa dictadura genocida, surgen algunos ejes que requieren especial atención, no sólo por la fuerza de verdad histórica y actos probatorios en algunos casos de delitos de lesa humanidad, sino por el impacto y consecuencias que dichos accionares vuelcan en el hoy, a raíz de la construcción de y el reforzamiento de círculos y elites de poder que siguen operando y haciendo a la realidad contemporánea de nuestro país. De este modo, respecto de una serie de unidades documentales y registros de la CAL encontrados y ligados a la reglamentación de la “Ley de Inversiones Extranjeras” cabe hacerse estas preguntas y exigen volver a pensar los efectos en la estructuración de un orden dominante que adquirió fuerza de cristalización en la historia reciente.
¿Por qué es tan importante entonces volver a la etapa de la última dictadura cívico militar y hablar de la “Ley de Inversiones Extranjeras”? Puesto que esa ley de 1976 junto con otras como la de “Entidades financieras” del ’77 sumado a las múltiples modificaciones de las leyes de Aduanas y otros instrumentos de política económica introdujeron cambios que se convirtieron en nodales para delinear otro patrón o modelo de acumulación en Argentina, centrado ya no en la producción industrial orientada al mercado interno con una economía distributiva y una sociedad en tensión pero inclusiva, sino un paradigma de economía aperturista, de corte neoliberal, asentada en la llamada “valorización financiera”. Es decir, un nuevo modelo productivo exportador financiero ligado a la circulación de excedente de flujos financieros internacionales con el desarrollo de una sociedad de trabajadores disciplinados y “aterrorizados” por el estado dictatorial que llevó a una profunda “reorganización nacional” dejando una economía en crisis hiperinflacionaria, con pérdida del ingreso para la gran mayoría de la ciudadanía y un endeudamiento externo nunca antes vivido. Se inauguró en Argentina un modelo social-económico-cultural y político distinto que se refrendaría en la década noventista menemista con una fatal crisis de fin de siglo XX. La Ley de Inversiones Extranjeras fue una de las puertas de entrada a ese paradigma que aún sigue vigente y que continúa desatando impactos en la política económica de la actualidad. Muchos de los grandes grupos económicos que hoy conocemos iniciaron su cambio de concentración y centralización de capital en aquellos años del terror. La anterior ley de residencia de capitales extranjeros del año ’73 incluía una serie de resguardos frente a capitales meramente especulativos, con orientación a la producción e incentivo del desarrollo de factores productivos nacionales, con promoción de la utilización de mano de obra nacional, desarrollo científico tecnológico local, entre tantos otros principios.
La ley impulsada por Martínez de Hoz llevaría a una apertura económica con menores resguardos, con equiparación de ventajas para capitales extranjeros en idénticas condiciones a las nacionales, habilitando el uso y consumo de créditos generales en el país (en vez de promocionar y proteger desarrollos desiguales en sus orígenes y desenvolvimientos), facilitando la “repatriación” a sus casas y “países matrices” las utilidades obtenidas pagando mínimos impuestos a nuestro país, potenciando la especulación y giro de ganancias con escaso control, todo en pos de abrir al país a los tiempos del “mundo desarrollado” para atraer dichos capitales y “modernizar” a una economía concebida por estos actores civiles y militares como cerrada y necesitada de transformaciones profundas. El “Proceso de Reorganización Nacional” lo hizo, y luego el menemismo noventista también lo hará y seguirá completando dicha tarea (con las reformes del Estado, privatizaciones, Tratados Bilaterales de Inversión –TBI–, etc.). Un mundo de negocios para pocos y disciplina en los reclamos por la puja distributiva para el resto, con un escenario de desindustrialización selectiva y “ventajas comparativas” para el sector primario. Esos grandes grupos económicos transnacionales (algunos de origen argentino) y otros nacionales, diversificados e integrados, siguen pujando hoy por una redistribución regresiva de la riqueza, pulseando por un tipo de cambio acorde a sus intereses, con propuestas de medidas de “enfriamiento” de la economía ligada a un nuevo proceso de endeudamiento externo que traerá aparejado condicionalidades extra para encorsetar y frenar demandas de la mayoría de los trabajadores.
Aquella Ley de Inversiones Extranjeras de 1976 fue un síntoma de las luchas y readecuación del capital dominante de la época y la luz de esos oscuros astros aún sigue llegando a nuestras tierras en estos días. Reconstruir verdades, clarificar la memoria colectiva y generar una Justicia que habilite una sociedad con desarrollo inclusivo y pluralidad debe ser un horizonte a seguir trabajando entre todos los que deseamos y queremos otros mundos posibles.
* Integrantes de la Oficina de DDHH de la CNV.
23/03/14 Miradas al Sur
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