viernes, 27 de febrero de 2015

LA FISCAL INICIO LA INVESTIGACION POR LA DENUNCIA EN LA SI Los importados de Stiuso

Por Ailín Bullentini
La fiscal María Gabriela Ruiz Morales requirió ayer el inicio de la investigación sobre los ex agentes de Inteligencia Antonio Stiuso, Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio por presunto contrabando, al impulsar la denuncia que contra aquellos tres presentaron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, secretario y subsecretario de Inteligencia respectivamente, el lunes pasado. Las autoridades de la SI acusaron a los ex espías de utilizar en beneficio propio los regímenes especiales con los que cuenta el organismo para importar bienes sin pagar impuestos y evitando controles sobre las cargas. La fiscal solicitó al juez que entiende en la causa, Rafael Caputo, que investigara el posible encubrimiento del hecho por parte del ex secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga. Así lo había denunciado el miércoles ante el mismo Juzgado en lo Penal Económico, el número 3, el diputado radical Manuel Garrido. Caputo recibió el dictamen de Ruiz Morales y elaboró las primeras medidas: oficios a diferentes organismos del Estado, en su mayoría. Algunos ya fueron enviados y otros serán remitidos durante las primeras horas de hoy.
Ruiz Morales entiende en la causa a partir de su responsabilidad interina sobre la fiscalía en lo Penal Económico 6. El expediente llegó a sus manos el miércoles al mediodía. Más temprano, Caputo había citado a Mena para que ratificara la denuncia. El subsecretario aportó más documentos para respaldar la demanda. No fue el único testimonio que recabó Caputo aquella mañana: también llamó a Darío Galván, el agente de la SI a quien Parrilli habría encargado efectuar “un amplio relevamiento interno de las operaciones de importación”. Desde el Juzgado en lo Penal Económico 3 confirmaron el testimonio, aunque lo enmarcaron en la ratificación general del hecho denunciado.
“Así planteadas las cosas, teniendo en cuenta por el momento los dichos de los denunciantes y el testimonio prestado por Galván, es razonable conjeturar que el caso bajo examen giraría en torno del ingreso al país de mercadería de origen extranjero, documentado a nombre de la SI, cuyo destino resultaría incierto, invocándose y utilizándose falsamente el régimen de importación de material técnico secreto, bajo el amparo de la legislación vigente en la materia, hechos éstos que habrían tenido lugar, por lo menos durante los años 2013 y 2014, en un número por el momento indeterminado de destinaciones de importación”, dictaminó la fiscal, que además solicitó “numerosas medidas de prueba” que no trascendieron.
Fuentes judiciales confirmaron a este diario que Caputo ya comenzó a trabajar en esa línea a partir de una serie de medidas elaboradas que acabarán de ser puestas en funcionamiento en las primeras horas de hoy y que buscan determinar qué mercaderías integraron las 94 toneladas de importaciones en análisis, a quién fueron compradas y la responsabilidad de funcionarios o ex funcionarios de la SI. Se descartan, por el momento, citas testimoniales. Se trata, en su mayoría, de solicitudes de información, informes y datos a organismos estatales como la AFIP, la Aduana y la propia central de espías.
En la denuncia presentada el lunes, Parrilli y Mena mencionan el ingreso, libre de impuestos y promovido por personal entonces afectado a la SI, de 94 toneladas de material proveniente de Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Corea, Holanda y Brasil, cuya naturaleza no fue controlada y cuyo destino dentro del organismo se desconoce. De manera provisoria, el requerimiento solicita impulsar la acción penal “con el fin de investigar la hipótesis” planteada por la SI contra los ex agentes por contrabando. En tanto, solicita indagar sobre “la eventual responsabilidad” de Icazuriaga en base a la ampliación que Garrido solicitó de la demanda de Parrilli. Según el diputado, en calidad de titular de la SI, Icazuriaga –que ocupó el cargo hasta diciembre pasado– no sólo tenía el deber de controlar las importaciones que realizaba la SI, sino que además tenía plenas facultades para dictar la normativa que considerase necesaria a efectos de impedir operaciones como las que dice Parrilli que se efectuaron”.

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