Por Ailín Bullentini
“Acá estamos los organismos de derechos humanos para demostrar que tenemos memoria.” La presentación correspondió a la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Taty Almeida y sirvió de marco para la conferencia de prensa que ésa y otras agrupaciones realizaron frente a la sede de la secretaría de Derechos Humanos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada para repudiar “un hecho inaudito”: la prisión domiciliaria con la que el tribunal Oral Federal de La Plata benefició al genocida Miguel Etchecolatz, medida que todavía no se concretó.
Madres, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además de abogados que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad entienden que el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al expolicía bonaerense que fue durante la última dictadura cívico militar mano derecha del jefe de esa fuerza, Ramón Camps, representa una “amnistía velada” para ese y otros genocidas, frente a lo que adelantaron su postura: “Como cantaban los Hijos en los ´90, donde no hay justicia, habrá escrache”, gritó Almeida.
“En un día como hoy –recordó la Madre, en referencia al aniversario número 44 de la Masacre de Trelew– “venimos a demostrar que sí tenemos memoria, esa que le falta al presidente (Mauricio Macri) y a quienes lo acompañan. De una vez por todas hay que entender que son delitos de lesa humanidad, no amnistiables. Son delincuentes que no pueden estar en sus casas”, explicó.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó a Etchecolatz de “personaje siniestro”: “La Justicia sabe quien es, lo juzgó y lo condenó, pero parece que estos son tiempos de considerarlo un pobre viejo que no merece lo que le está pasando”, sospechó. También criticó al secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, por hablar “con los familiares de estos genocidas como si tuvieran derecho a alabar a semejantes deshumanizados”. “No lo vamos a permitir –advirtió–. Etchecolatz tiene tantos crímenes sobre sus espaldas que es imposible pensar que algún día lo podamos ver incluso mirando por la ventana desde dentro de su casa. Sostuvo que apelarán “al sentido común y a la memoria” del Estado y del Poder Judicial y propuso a los organismos presentes “pedirle a (la procuradora, Alejandra) Gils Carbó que los fiscales intervengan fuertemente en esto y que nos representen porque los vamos a acompañar”.
Lita Boitano, de Familiares, y Elsa Usandizaga, de la APDH, coincidieron con Almeida y Carlotto en las calificaciones a Etchecolatz y a la situación actual. “Quiero pedirle a la Secretaría de Derechos Humanos que acompañe las apelaciones” a los pedidos de domiciliaria, sumó Boitano. De lo contrario, “cortaremos calles, pediremos ante el ministerio de Justicia. A pesar de tener dolores físicos y tener más años, le haremos escraches”, continuó. El público acompañó la idea con la canción que ya es símbolo de lucha: “A donde vayan los iremos a buscar”. Usandizaga le pidió a Avruj que “haga valer su posición de defensa de los derechos humanos”. José Schulman, de la Liga, advirtió que la domiciliaria a Etchecolatz forma parte de “una campaña de impunidad que promueve el Gobierno y los jueces a través de sus operadores en los medios de comunicación”, frente a la que pidió a los organismos de derechos humanos “ir por mucho más, ser persistentes en las causas contra la dirigencia de Acindar, contra (Vicente) Massot, contra (Carlos Pedro) Blaquier y los que se robaron Papel Prensa, para demostrar que este Gobierno es el continuador y heredero de las políticas de la última dictadura y lo vamos a enfrentar en todos los terrenos”.
Para Pablo Llonto, uno de los tantos abogados que representa a familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar que participó de la conferencia el mediodía de ayer, lo que sucede con las domiciliarias refleja “una política de Estado de liberación de genocidas” frente a la cual “habrá que dar la pelea en los tribunales, pero también en la calle”. Guadalupe Godoy, querellante en varias de las causas en las que Etchecolatz fue condenado y también en las que está siendo investigado, como la de la desaparición de Jorge Julio López, advirtió que “los cambios de criterios en los tribunales tienen que ver con presiones políticas que apuntan a hacer lugar a la estrategia de los represores: si seguimos haciendo juicios, que sean con ellos mirándolos desde sus casas”.
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