jueves, 24 de noviembre de 2016

Por: Victoria Ginzberg “La detención de una líder indígena no puede leerse al margen de su rol en la sociedad”, dijo el relator del Comité de la ONU.

Otro organismo de Naciones Unidas encargado de la protección de los derechos humanos reclamó al Gobierno la liberación de la dirigente social Milagro Sala. Se trata del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), cuyos integrantes se reunieron ayer en Ginebra con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “La decisión (del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias) tiene que ser cumplida”, le dijo al funcionario Pastor Murillo, el relator para la Argentina del Comité.  
  En la reunión de ayer en Ginebra, los expertos de la ONU, representantes de organizaciones no gubernamentales y el Estado argentino trataron la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y de los pueblos indígenas. El encuentro había empezado el martes y aunque el tema no estaba formalmente en la agenda, ese día el Comité preguntó por la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur. El gobierno dio su respuesta ayer. Avruj argumentó que invitaron al Grupo de Detenciones Arbitrarias a visitar el país, al igual que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, organismo al que enviaron una respuesta escrita. Adujo que la detención de Sala no está vinculada con que sea dirigente de un grupo étnico, sino que es “por delitos de corrupción y violencia”. Y afirmó que es un tema que se dirime en Jujuy. “Respetamos la autonomía de la justicia provincial”, señaló. Agregó que de todas maneras el gobierno tomó en cuenta lo que dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y que estaban trabajando en eso. 
Murillo, del CERD, fue muy claro al contestar al funcionario: “Entiendo la posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad. La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”. Luego, alentó al Estado para que adopte medidas para la liberación de la dirigente social.
  “Si las invitaciones son para facilitar el cumplimiento de la resolución, bienvenidas sean. Si son para dilatar o desviar el tema está mal”, señaló a PáginaI12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, como respuesta a la estrategia planteada por el Gobierno luego de que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamara la “liberación inmediata” de Sala por considerar “arbitrario” su arresto. 
  En un principio, el Gobierno buscó impugnar a ese organismo argumentando que se trataba de una “simple opinión” y que los expertos no habían evaluado todas las causas que existían contra Sala, cosa que no era cierta. Algunos funcionarios con experiencia en el sistema internacional de derechos humanos, como el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, o el representante de derechos humanos de Cancillería, Leandro Despouy,  creen que el reclamo de la ONU debe ser atendido y en corto plazo. Sin embargo, no parecen estar ganando la pulseada interna. Avruj, el enviado del Gobierno a Ginebra, está más cerca de la posición del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien espera que los expertos de Naciones Unidas cambien su posición o, al menos, intenta postergar todo lo posible la respuesta. “Es preocupante que la máxima autoridad en derechos humanos responda que respeta la autonomía provincial ante una evaluación de los derechos humanos de un organismo como el CERD”, afirmó Chillier. Es que el estado nacional es el responsable y garante del cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Y, de hecho, es el gobierno de Mauricio Macri el que está pagando el costo político por mantener presa a Sala. Al reclamo del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la mención del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau se sumó ahora el Comité contra la Discriminación Racial, también de la ONU.

“Estoy acá como Abuela de Plaza de Mayo, en nombre de todas mis compañeras, y voy a salir por el mundo a hablar de ella”, manifestó Estela de Carlotto en una conferencia de prensa tras el encuentro que mantuvo con la dirigente social jujeña Milagro Sala, detenida desde enero. Carlotto visitó a Sala acompañada por Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni y otros dirigentes de HIJOS y el titular de la CTA, Hugo Yasky. La presidenta de Abuelas expresó haber sentido “una tristeza infinita” al visitar a Milagro y a las otras cinco militantes de la Tupac Amaru detenidas en el penal de Alto Comedero. Remarcó que se trata de mujeres “fuertes, aguerridas” y que “son leonas que van a seguir luchando, como lo hemos hecho nosotras”. Puntualmente sobre Sala, Carlotto dijo que “está fuerte pero hay que sostenerla, la encontramos bien porque es una mujer muy fuerte, pero es un ser humano y la fortaleza a veces se quiebra”. También le apuntó al gobierno al reclamarle que cumpla la resolución del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y criticó: “Nos ofenden diciendo que los desaparecidos son menos, que somos un curro, que no se sabe en qué paredón están”.

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