El gobierno derogó varias resoluciones dictadas durante la gestión anterior utilizadas para la regulación del mercado del trigo, entre las cuales sobresale la Ley de Abastecimiento. La decisión de la Secretaría de Comercio no tiene un impacto a cort plazo sino que formaliza lo que viene funcionando desde el inicio del gobierno de Cambiemos: la desregulación del negocio triguero. Bajo el nuevo esquema de administración del mercado, subió la producción pero disminuyó el stock de trigo que usualmente permanece en el país como salvaguarda de los precios internos.
El Gobierno derogó la Resolución 67 del 2013, por la cual el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estableció que “los sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan y harina que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno”. Aquella resolución se amparó en la Ley 20.680, “de Abastecimiento”.
“Los productores estamos en alerta porque vemos que quieren crear una herramienta para confiscar la producción de los campos. Hay mucha preocupación, hay bronca, la Ley de Abastecimiento es un nuevo ataque e intención de un gobierno por entrar a los campos a sacar lo que no le pertenece”. Así se refería el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, al proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento votado por el Congreso Nacional en septiembre de 2014. “El objetivo del gobierno es confiscar las reservas de soja de los productores para contrarrestar errores de dos célebres fracasados: Axel Kicillof y Guillermo Moreno”, agregaba el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. No sólo no ocurrió nada parecido a la confiscación de la cosecha. Ni antes ni después de los cambios legislativos fueron utilizados en el agro los atributos de la Ley de Abastecimiento por parte del kirchnerismo. La intención del Gobierno anterior era que esa ley permitiera que en caso de notables faltantes de trigo en el mercado local el exportador se vea forzado a importar trigo para el abastecimiento doméstico.
Los testimonios antes citados ilustran el grado de rechazo de la dirigencia agraria al refuerzo de las atribuciones del Estado. De hecho, la eliminación de la norma busca convertirse en otra señal para el empresariado del sector, al tratarse de una medida puramente gestual. La resolución 67 fue dictada en 2013 por Moreno ante una situación de escasez de trigo en el mercado interno a causa de que el Gobierno había autorizado cupos demasiado elevados de exportación, lo que disparó los precios.
La Secretaría de Comercio ayer también derogó la Resolución 325 de agosto de 2015 que creó el “Registro de oferta de trigo disponible para su comercialización” en la provincia de La Pampa y el sur bonaerense. La medida tenía que ver con la organización de una vía directa de exportación de trigo ante la aparición de un excedente de peor calidad que era inutilizable por parte de los molinos locales. Por último, se eliminó el “Registro de demanda de trigo disponible para su comercialización”, confeccionado septiembre de 2015 para agilizar las ventas en el mercado.
Los cambios normativos van en línea con la rápida eliminación de los permisos de exportación que el Gobierno aplicó hace un año para liberalizar el mercado triguero. De todas maneras, se trata de un mercado con escaso número de jugadores (pocos exportadores y pocos molinos) en donde persiste cierto grado de negociación para no desabastecer la demanda local.
Según el último informe oficial de estimaciones agrícolas publicado en diciembre, la superficie implantada de trigo creció 19,7 por ciento interanual en la campaña 2016/17 y la producción avanzó en un 38,9 por ciento. Sin embargo, los datos oficiales marcan que el stock final de trigo que quedó en el país es de apenas 0,4 millón de toneladas, cuando solía estar bien por encima de ese número. Hace un año, el stock era de 4,5 millones y el año anterior, de 1,8 millones de toneladas. Ese stock tiene un papel regulador del precio interno.
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