domingo, 8 de enero de 2017

OPINIÓN Recen por mí Mario Wainfel

El ministerio de Educación despide a miles de docentes, se lo comunica para las fiestas de fin de año. El momento no es el más piadoso: se justifica alegando que se trata de contratos que finalizaban el 31 de diciembre. La medida puede anticiparse, preavisarse aunque no haya estricta obligación legal.
La reacción colectiva se expresó, entre otros recursos, con movilización pacífica al Palacio  Pizzurno. Se repitió el protocolo macrista inaugurado un año atrás: los manifestantes fueron reprimidos y apaleados. Varios cesanteados gozan de protecciones especiales: delegados, embarazadas, personas con discapacidades. Algunos despidos se revisan, una vuelta atrás que no borra todo el sufrimiento físico-psíquico. Macrismo explícito: primero golpear, después se ve…
El ministro del área, Esteban Bullrich, había prometido que no habría despidos cuando se negoció la Paritaria Nacional Docente de 2016. No dio explicaciones sobre su cambio de parecer, entre otros motivos porque está de vacaciones.
Su colega de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, rezó intensamente en su lugar de descanso mientras sendas porciones importantes del territorio nacional padecen inundaciones o incendios. Regresó a ritmo cansino, sindicó el problema como “una profecía apocalíptica” mezclando acaso su discurso con el de la diputada Elisa Carrió. Luego se echó atrás, tratando de encontrar una justificación a su enésimo disparate verbal. Proferir aforismos berretas desde la oposición es más sencillo que hacerlo desde un espacio de gestión, que requiere rogar a Dios y dar con el mazo, póngale. 
Bergman es master en una disciplina cara al macrismo: la sub ejecución presupuestaria, que en su área se mide en miles de hectáreas devastadas. El presidente Mauricio Macri amplió la competencia de su ministerio agregándole ACUMAR, la agencia que se ocupa del Riachuelo. Ni Bergman ni el Riachuelo se dieron por enterados, ahora se revierte la movida.
Poner el cuerpo ante una tragedia o una reacción social potente es una exigencia adicional para los funcionarios. “La gente” suele exigirlo, fuera cual fuera su color partidario. Bergman y Bullrich lo hurtaron, ahondando pasividad del primero y la mala praxis del segundo.
Nicolás Dujovne, titular del desguazado ministerio de Hacienda, sí está presente en el despacho que tradicionalmente correspondía a Economía. Prestó juramento en una ceremonia desangelada a la que no asistió Macri, también gozando de vacaciones.
La devolución del cinco por ciento del IVA, un paliativo para consumidores de escasos recursos, fue dejada sin efecto por Dujovne, antes de llevar sus enseres a la oficina. No era una promesa de campaña sino algo (hipotéticamente) más perdurable: un rubro del presupuesto 2017, que se aprobó con consenso trans partidario y se deja sin efecto.
Las franquicias a los capitales golondrinas concedidas en cuestión de horas son un beneficio para gentes de mejor posición económica que se extiende con placer. 
Son señales claras: el rumbo se ratifica y se profundiza. Las reformas a las leyes pro operarias y la embestida contra “el costo laboral” constituyen un objetivo estratégico que se aspira a profundizar con la aprobación de las grandes corporaciones empresarias que, sin embargo, insinúan un prurito: todo lo que ofrece el (su) Gobierno es poco. Los dirigentes sindicales piensan distinto, claro. El conflicto de intereses está planteado: de momento la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la UIA (Unión Industrial Argentina) son más beligerantes o muestran más conciencia de clase que la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunificada. De cualquier forma, los compañeros triunviros emitieron un alerta. 

El año de la marmota: La polémica sobre el costo laboral, la competitividad y el sistema de protección social es clásica y reflota al vaivén de los cambios políticos.
Las dictaduras militares sostuvieron una posición nítida. En la etapa de la recuperación democrática el menemismo obró una regresión formidable derruyendo lo que restaba en pie del estado de bienestar.  Redujo o suprimió “las cargas patronales”. El ex mega ministro Domingo Cavallo explicó que se liberarían las fuerzas de la economía, generando puestos de trabajo. El bálsamo no obró esos efectos: el desempleo aumentó y el salario real fue cayendo, un proceso que la Alianza completó.
La retórica neoconservadora, en labios de Dujovne, apenas retoca el discurso. La Argentina, explica, tiene el nivel más alto de “cargas laborales” de la región, lo que a su (tuerto) ver es “ridículo”.
Falta ponderar que nuestro país tiene el más amplio sistema de protección social entre los países situados al sur del Río Bravo. Cuando el kirchnerismo postulaba esa virtud, este cronista señalaba que era modesta ambición compararse con países vecinos con una tradición más avara en tutela social. Era (y es) necesario mejorar y ampliar ese sistema que ahora se quiere demoler, mirando más a la tradición nacional igualitaria que a otros modelos, para nada superiores.
El “populismo” legó  jubilaciones cuasi universales, debidas a la extensión de la tutela a quienes no acumularon aportes suficientes, a las empleadas de casas particulares, a las amas de casa. La Asignación Universal por Hijo (AUH) incorpora otro derecho, imprescindible aunque no suficiente. El programa Progresar retoma el camino, para ampliar las coberturas a jóvenes que “salen” de la esfera de la AUH. Ese
Las cargas sociales, como señalaron los triunviros cegetistas Juan Carlos Schmid y Héctor Daer son “salarios diferidos” que nutren al régimen jubilatorio cuasi universal que impera hoy, merced a las políticas inclusivas del kirchnerismo.
En pocos confines del planeta hay una obra social comparable  al Instituto apodado “PAMI”, la mayor de todas, destinada a prestaciones adicionales para las personas jubiladas. 
Otros fondos se derivan para sostener el sistema público de Salud y las Obras Sociales. En este caso, quizá sería más propio hablar de “salario indirecto”.
El sistema de Salud es imperfecto y costoso pero la solución no es desfinanciarlo y desguarnecer a los trabajadores. El requerimiento, que el kirchnerismo no alcanzó a concretar acabadamente, es mejorarlo con “sintonía fina” y no dejar varados a millones de argentinos.

Compañeros sorprendidos: Las dos CTA y sindicatos claramente opositores, como los Bancarios arquetípicamente, son minoría dentro del movimiento obrero. La CGT es, en potencia, la pesa que puede compensar la balanza. Las réplicas de sus líderes esta semana lucieron cautas pero contienen una advertencia.
Los compañeros jerarcas pusieron el grito en el cielo por la brutal recidiva de los despidos, traicionando un acuerdo que habían celebrado con el Gobierno. Tienen previsto reunirse a fin de enero, un intervalo que luce excesivo ante la ofensiva patronal-estatal contra el empleo. Insinuaron que tal vez adelanten el cónclave, si todo sigue igual o escala. No hay otro porvenir en la hoja de ruta de la coalición oficial: tendrán que apurarse.
Sorprende la sorpresa cegetista. Los dirigentes sindicales pueden merecer muchos reproches pero no el de ser distraídos o poco atentos a los requisitos legales de un pacto. Un acuerdo informal, firmado solo por parte del empresariado, sin prever sanciones para el caso de incumplimiento, vale menos que el papel en el que está escrito. Es un simulacro: llamarlo “expresión de deseos” sería un exceso de generosidad o credulidad. 
En relaciones de tracto sucesivo y permanente, es aconsejable amarretear los veredictos definitivos. La calidad de la nueva CGT se medirá en este año lleno de revivals de derecha, en la negociación colectiva y en la oposición a las modificaciones regresivas del régimen de trabajo y a la financiación de la protección social. 
Aún sin caer en la tentación de la diatriba prematura, cabe consignar que la CGT le donó al establishment el nuevo régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, concebido solo en función del costo empresario y relegando para un porvenir indefinido cualquier regulación referida a la integridad física, la salud o hasta la vida de los laburantes. Los líderes cegetistas, peronistas de ley, saben que los pagos diferidos son como aire en una canasta... concedieron de contado, favoreciendo las metas del macrismo. 
De nuevo, estos son los aprontes. Recién con el correr de los meses se medirá la valía de los flamantes líderes de la central obrera.  

Un año sin semestres y con urnas: Un Fisco que renuncia por varias vías a recaudar anticipa desbaratamientos de derechos, a menudo por vía del desfinanciamiento. En otras va restando prestaciones, “de a puchos”, una especie de sangría en cuotas. La exclusión de algunos jubilados del subsidio para recibir remedios gratis es un ejemplo. Se define como privilegiados a quienes, por caso, tienen un auto usado con menos de diez años de antigüedad. Una mendaz cruzada contra el privilegio, una volteada que privará de cobertura a miles de personas… en fin.
La palabra “derechos” no integra el vocabulario macrista. A su turno, “semestre” será erradicada este año, porque prometer paraísos a plazo fijo es un búmeran. 
De cualquier manera, el Gobierno corre contra reloj porque debe mejorar sus desempeños pronto. Por ahí, al terminar el primer semestre, en la inminencia  de Primarias, elecciones provinciales y nacionales. Su prospectiva electoral se ensombrecerá si se sigue agravando la situación material de la mayoría de los ciudadanos.
La anunciada transferencia de 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires le complicará las cuentas a Dujovne y las relaciones con gobernadores opositores al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Mejorar a los territorios propios es arquetípico, ninguna cifra colma el tonel sin fondo de “la provincia” pero es una fortuna para casi todas las otras.
El Gobierno, fiel a su idiosincrasia, avanza, castiga, profiere despropósitos. Eventualmente  frena, se retracta. La resistencia  es su límite.
Los deslices verbales de Bergman, su incompetencia ostentosa, el desempeño esquivo de Esteban Bullrich son síntomas de las dificultades para gobernar, supeditado a los pronunciamientos electorales.
Como fuera, el Gobierno arrancó enero con reafirmaciones ideológicas y programáticas. De sus adversarios dependerá, en interesante proporción, hasta dónde podrá llegar.

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