PALOS Y PELOS POR H.V.

La agresión a trabajadores y delegados del ministerio de Educación que reclamaban por el vaciamiento de programas en los barrios y el despido de docentes que se encargan de esa capacitación, fue realizado por efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, que fueron denunciados por la fisura en la vértebra de una delegada y las lesiones al secretario general de la comisión interna. Los decretos de ascensos de la Policía Federal y su nueva cúpula contienen elementos para preocuparse. Entre los ascendidos figuran:

El ahora Comisario Mayor Arnaldo Daniel Neira, nuevo Director General de Orden Urbano y Federal. Jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, Neira fue relevado cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. Del GEOF pasó al Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB) cuya llegada a las villas procuraba ser el germen de una nueva policía, con formación en técnicas de mediación y articulación con las organizaciones sociales y con otras agencias no represivas. Pero las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías, que se comportaron como patotas intimidatorias. Durante la gestión de la ministra Nilda Garré, Neira también fue investigado por negocios incompatibles con su función pública, ya que realizaba tareas extrapoliciales como asesor y coordinador de protección para la empresa Equality El flamante Comisario Mayor Alejandro Oscar Sánchez estará a cargo de la Dirección General de Antiterrorismo. En 2012, fue pasado a disponibilidad en la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, cuando se descubrió que uno de sus subordinados, el oficial de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena, estaba infiltrado en la Agencia de noticias Walsh desde el gobierno interino del senador Eduardo Duhalde. 

El ascendido Comisario Mayor Renato Costantini será director general de Criminalística. El 23 de Agosto de 2014, atropelló a tres policías salteños con su automóvil para esquivar un control de alcoholemia. Fue condenado a pagar una multa de 15.000 pesos e inhabilitado para conducir durante un año.

El comisario mayor Luis Abel Gigena quedó a cargo de la nueva Dirección General Antidrogas Interior. En 2011 fue removido por Garré de la División Drogas Peligrosas. De fuertes vinculaciones con la DEA, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado intercedió por él.

Leandro Luis Lallana ascendió a Comisario Inspector. El 29 de diciembre de 2001 fue el primer policía que llegó al sitio de la masacre de Floresta, cuando su colega suboficial Juan de Dios Velaztiqui fusiló a tres muchachos en un maxikiosko porque no le gustaron sus comentarios sobre la represión en la Plaza de Mayo. Velaztiqui dijo que había abatido a tres ladrones y así lo trataron: sin esposas y sentado dentro de un móvil policial. Pero en  2003 fue condenado a prisión perpetua por ese triple homicidio con alevosía.

Carlos Manfroni reapareció en la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad. Al iniciarse el gobierno de Macrì debió renunciar como subsecretario de articulación legislativa del mismo ministerio, luego de que en esta página se recordaran sus columnas durante la dictadura militar en el mensuario surrealista Cabildo:

• La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa.
• El progresismo es un infeccioso mal.
• El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder. 
• La “filosofía” del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García. 

Luego de esa publicación ATE denunció a la ministra Bullrich que Manfroni había solicitado “la filiación política, ideológica y sindical de los trabajadores del ministerio”. Charly García recriminó su su designación. Manfroni renunció para “no perjudicar al nuevo gobierno”. Luego de un año en stand-by, Bullrich volvió a designarlo, acaso como tributo a la nueva relación con Estados Unidos y el Papa Francisco. Manfroni dicta un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, y objeta los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Tampoco hay buenas noticias en la Policía de la Ciudad, donde asumió como jefe el comisario José Pedro Potocar, graduado de la Academia del FBI estadounidense. Se desempeñó en las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la Policía Federal. Su último destino fue como Director de Comisarías de la Ciudad. En septiembre de 1993, cuando era oficial inspector, mostró qué temprano se adquieren las mañas del oficio. El periodista Hernán López Echagüe investigó en este diario la utilización de patotas por parte del gobierno bonaerense, entonces a cargo de Eduardo Duhalde. Días después dos desconocidos lo mandaron a golpes al hospital. “Se trata de un costo lamentable del acceso del periodismo al poder”, interpretó Duhalde (flamante adquisición de su sucesora María Eugenia Vidal en su proyecto de renovar la política). Los agresores fueron detenidos días después por Potocar cuando controlaba el acceso de público a la cancha de River. ¡Aún llevaban encima la manopla con la cual golpearon al periodista, el plano de su casa garabateado en un papel de aluminio y una sevillana! Pero López Echagüe no los reconoció, el testigo Claudio Calo no vio que la policía revisara los bolsillos de los detenidos, pero sí oyó a uno de ellos gritar: “Eso me lo pusiste vos”. La jueza María Laura Garrigós de Rébori los sobreseyó en octubre de 1993 porque consideró que no fueron autores de las lesiones,  lesiones, que quedaron impunes.

Republiqueta en armas

Este cuadro se completa con el acuerdo firmado el 13 de diciembre por el ministro de Defensa Julio Martínez quien se rebajó al nivel del segundo jefe de la Guardia Nacional de la provincia estadounidense de Georgia, general de brigada Joseph Jarrard. En sus considerandos sostiene que las Fuerzas Armadas argentinas y la Guardia Nacional de Georgia “comparten objetivos similares de cooperación internacional, prosperidad mutua y paz mundial” y que la colaboración entre ellas “ofrece oportunidades de beneficio mutuo para mejorar la asistencia humanitaria y la capacidad de respuesta a desastres para minimizar el sufrimiento humano”, cuestiones que exceden a las Fuerzas Armadas y al propio ministerio de Defensa. Jarrard dijo que la Argentina tiene “una economía abierta y bien desarrollada y unas Fuerzas Armadas maduras” y que espera proveer “asistencia en temas ambientales como inundaciones e incendios, intercambios aéreos, logística para la seguridad de las fronteras y preparación contra desastres”, lo cual “incrementará la estabilidad en las Américas” (sic). Las definiciones de la Guardia Nacional y del Comando Sur indican que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe, donde la Guardia Nacional “conduce compromisos entre fuerzas militares, en apoyo de objetivos de defensa y seguridad pero también se vale de las relaciones y capacidades de toda la sociedad que abarcan las esferas militar, gubernamental, económica y social”, es decir todo lo que la imaginación alcance. La híbrida Guardia Nacional es tanto una fuerza de seguridad provincial como la reserva militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La asistencia que ofrece comprende temas vedados a las Fuerzas Armadas argentinas, como seguridad interior, protección de fronteras, lucha contra el terrorismo o en donde el Sistema de Defensa es sólo contribuyente, como la asistencia en Catástrofes, que aquí está legislada desde este año como responsabilidad del ministerio de seguridad. Al tratarse de un acuerdo con una fuerza provincial, se intenta eludir al Congreso, que debe ratificar los tratados internacionales. En marzo, el comunicado argentino sobre el encuentro de Macrì con Barack Obama en Buenos Aires dijo que la Argentina se había comprometido a incrementar su participación en las misiones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con el apoyo de los Estados Unidos para fortalecer y equipar algunas capacidades de especial prioridad para esas misiones, que pueden ser desplegadas en África durante 2017. En agosto, el canciller John Kerry anunció en Buenos Aires un aporte de 1,2 millones de dólares para que la Argentina se sume a las operaciones de “Mantenimiento de la Paz” que Estados Unidos canaliza a través de las Naciones Unidas. El país señalado es la República Centroafricana, donde ya hay medio millón de refugiados, aunque el sigilo imperante no permite confirmar si la decisión fue tomada.

El programa con la Guardia Nacional tiene 73 miembros y la Argentina sería uno de los tres que se sumarían este año. De este modo, un gobierno que no ceja en su voluntad de criminalizar la protesta social y hasta la oposición política, sincroniza esa obsesión con la retórica estadounidense contra el evanescente terrorismo internacional. Esto evoca lo que Carlos Menem hizo en 1992, al sumar una fragata a la flota reunida por Estados Unidos para atacar Irak, donde aún gobernaba Saddam Hussein. Han pasado 25 años y el mundo es otro, infinitamente más peligroso e inestable como para que otro entusiasta vuelva a poner al país en la línea de fuego. Fasten seat belt, please.