uez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió que la justicia desista de buscar a los culpables del crimen del dirigente del PST César Robles, en el marco de la causa por los delitos cometidos por la banda parapolicial Triple A. “El caso Robles es un ejemplo de que en algunas causas de delitos de lesa humanidad la justicia está decidida a ser juez y parte”, dijo a PáginaI12 Andrea Robles, hija del dirigente y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y del FIT. “No hay un solo preso de esta banda creada durante el gobierno de Perón, que perpetró entre 1.500 y 2.000 crímenes en dos años, un gran pacto de impunidad se extiende desde 1975 hasta nuestros días, y gracias a un fallo de Martínez de Giorgi una nueva maniobra busca mayor impunidad aún”, agregó Robles, y recordó que este juez es el mismo que ordenó la detención de Hebe de Bonafini en agosto pasado.
Si bien la resolución del magistrado no cierra el caso, desde el Ceprodh denunciaron que la justicia pretende “planchar” la causa, porque en rigor se deja de buscar a los culpables, ya que el fallo plantea “sobreseer parcial y provisionalmente (en este expediente) en el que no se procesó a persona alguna, respecto de los que resultaron ser autores inmediatos de los hechos aquí ventilados y a quienes no ha resultado posible identificar”. Una mirada al expediente permite comprobar que hay declaraciones testimoniales y elementos probatorios que aportaron querellantes, organismos de derechos humanos, familiares y amigos que no fueron utilizados durante la investigación para encontrar a los culpables.
“Policía Federal, documentos”, fue lo que escucharon César Robles y Laura Marrone, actualmente diputada de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, al ser interceptados por la patota de la Triple A, en un Ford Falcon verde sin patente. Robles tenía 36 años y era dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Fue el 3 de noviembre de 1974 en Flores cuando él y su compañera salían de un congreso partidario. La policía había dejado “liberada” la zona.
El hecho ocurrió poco después del asesinato del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, y ya habían sido asesinados Rubén Boussas y Juan Carlos Nievas, también del PST. “Justamente el accionar de persecución a los detenidos en el sepelio de Rodolfo Ortega Peña era por la consigna que tenía la Triple A de ‘cinco por uno’, es decir por cada uno que muriera de las fuerzas de seguridad en manos de las organizaciones armadas de izquierda ellos matarían cinco”, afirmó Laura Marrone en su testimonio judicial. De Giorgi admite que se trata de delitos “cometidos al amparo del Estado y con garantía de impunidad, constituyendo la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983”. Sin embargo, no hay imputados como autores intelectuales ni materiales.
Robles enfatiza que el autor intelectual de la muerte de su padre es sin dudas José López Rega, como jefe de la Triple A, pero afirma que “la justicia deja de lado la investigación sobre su jefe, el entonces presidente Juan Domingo Perón. El intelectual Rodolfo Ortega Peña fue el primero en denunciar la responsabilidad de Perón en los asesinatos que comenzaron bajo su último gobierno. Meses después, Ortega Peña fue asesinado por la misma Triple A. Y durante su sepelio fueron detenidos cientos de militantes, cuyos nombres pasaron a conformar nuevas ‘listas negras’ de la banda parapolicial”.
Andrea Robles, junto al abogado Paolo Zaniratto, del Ceprodh, apelaron el fallo. En el escrito recordaron que “los hechos investigados han sido declarados delitos de lesa humanidad”, y afirmaron que hubo una “valoración errónea de los elementos de prueba existentes en la causa” sin tener en cuenta “el contexto de los hechos: el amparo del Estado para el funcionamiento de una organización parapolicial dedicada a la persecución política e ideológica de un colectivo social”. Y enfatizaron que “no estamos ante delincuentes comunes, sino ante hechos delictivos previos y conducentes al genocidio cometido por la dictadura”.
En un expediente paralelo, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, fueron condenados el año pasado Rubén Pascuzzi, Norberto Cozzani, Julio Yessi, Carlos Villone y Jorge Conti por haber conformado una asociación ilícita en la Triple A. “Hay suficiente sospecha para que se investigue mediante una imputación formal el grado de participación que pueden haber tenido éstos en el asesinato de mi padre Cesar Robles”, dijo su hija. La megacausa Triple A se inició en 1975, fue cerrada por la dictadura y reabierta en 2007 durante el gobierno kirchnerista, con el anuncio del pedido de extradición de Isabel Martínez de Perón. Esto generó tal expectativa que se presentaron casi 700 víctimas a exigir una justicia que, al parecer, aún no llega.
adriana meyer.
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