Dignidad nacional o relaciones carnales

Massa retoma el viejo argumento neoliberal que estuvo de moda durante las décadas de su predominio: "Sobra plata, aprovechemos." Por Juan Carlos Junio* Las últimas noticias en torno al pleito con los "fondos buitre" nos llevan a reflexionar acerca de la profundidad y las implicancias de la cuestión del endeudamiento externo. Un tema que nos atraviesa como país hace décadas y que también nos obliga a estar atentos ante la presión de quienes reclaman la vuelta a las "relaciones carnales" y a los vínculos estrechos con los denominados "mercados globales de crédito". En este sentido, vale la pena traer a la memoria la saga de la deuda en clave histórica, contemplando los diferentes proyectos de país implícitos en torno a las definiciones sobre esta cuestión crucial. En términos políticos e ideológicos, podemos sintetizarlos en dos polos enfrentados: el largo período neoliberal y el modelo que se viene transitando desde el año 2003. La dinámica del período neoliberal, como expresión de la doctrina económica predominante, deja en exposición las implicancias negativas de sucumbir a los deseos y exigencias del capital financiero internacional. En ese momento se impuso la apertura plena e irrestricta al ingreso de fondos provenientes de los centros financieros mundiales. De esta forma se dio inicio a un ciclo especulativo sin precedentes, y fue precisamente el endeudamiento externo el componente que financió y sustentó el proyecto político y económico que inauguraba la última dictadura cívico militar. Entre 1977 y 1983 la deuda externa, pública y privada, subió de 11,7 mil millones a 45 mil millones de dólares. Mientras los niveles de deuda crecían exponencialmente, se verificaba un severo proceso de desindustrialización de la estructura productiva, y un fuerte daño sobre las pymes, con las inevitables consecuencias sociales: desocupación, pobreza y destrucción del tejido social. Esta línea se profundizó durante la Convertibilidad y perduró hasta el estallido del gobierno de la Alianza, un momento de cabal sometimiento a los mercados financieros y a las condicionalidades del FMI, que no hacían más que agravar la recesión y el desempleo. Eran tiempos en los que ya se discutía seriamente la idea de dolarizar la economía, una suerte de capitulación final en manos de los centros de poder mundial, para la cual Domingo Cavallo resultaba ser el lógico conductor. De manera opuesta, el sendero adoptado a partir de 2003 fue concebido a partir del reconocimiento de que, para poder pagar, primero había que crecer, según lo expresara Néstor Kirchner en la ONU ese mismo año. El aporte de los canjes de 2005 y 2010 resultó central, ya que permitió recobrar el oxígeno suficiente para no ahogar el crecimiento de la actividad económica, recuperar el aparato productivo y poner en marcha la idea central de que el trabajo es el principal elemento de cualquier proyecto político que se precie de ser popular. Un comentario aparte merece la férrea postura de Kirchner durante el primer canje, que terminó consiguiendo una quita del 65,6%, en lugar del 40% con el que algunos se conformaban y presionaban para su aceptación. Sobre estos fundamentos se fue cimentando una recuperación clara del rol del Estado, incluyendo la relación con el mundo empresario. Al respecto, resulta interesante recordar aquella patética expresión del presidente de la cámara de los grandes empresarios en España sobre Néstor Kirchner: "Este hombre nos ha puesto a parir." La estrategia de desendeudamiento implicó una reducción de la deuda pública con acreedores privados y organismos internacionales que la llevó al 18,8% del PBI hacia fines de 2012, muy por debajo del 164,2% registrado diez años atrás. Esta es una de las aristas más importantes que rodean a la "década ganada", al permitir liberar recursos presupuestarios que antes se destinaban prioritariamente a los acreedores, y así comenzar a afrontar la deuda más cruda y urgente, que es siempre la social, o sea con el propio pueblo de la Nación. En otro plano de análisis, el fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York coincide con un momento particular del debate local, en el que desde algunos sectores se trata de reflotar el más rancio espíritu neoliberal de otros tiempos, expresando su condescendencia con una vuelta a los mercados financieros, con la idea de darle "señales" al capital privado, como condición sine qua non para crecer. Vale recordar, al respecto, lo dicho por el intendente Sergio Massa, ahora favorito de los medios hegemónicos, ante un grupo de 200 grandes empresarios: "El desendeudamiento es importante, pero hay que entender que estamos perdiendo oportunidades en un mundo donde sobra liquidez." Claramente, Massa retoma el viejo argumento neoliberal que estuvo de moda durante las décadas de su predominio: "sobra plata, aprovechemos". Siguiendo esta línea, Massa también revivió el espíritu capitalista de las AFJP, cuando sostuvo que no vería con malos ojos volver a un sistema "complementario" de jubilación, adicional a la jubilación estatal obligatoria que instituyó el actual gobierno, dejando atrás el modelo privado, que por otra parte resultó un verdadero fracaso. Por lo demás, con el fallo adverso, sujeto a la decisión de la Corte Suprema norteamericana, queda en evidencia la voluntad política de dar un escarmiento ejemplar a un país como el nuestro que ha decidido transitar un rumbo libre de los poderes financieros mundiales, intentando borrar de los manuales cualquier idea alternativa a las políticas neoliberales, que profesan e imponen hegemónicamente. Claro que sus cantos de sirena y eufemismos terminan naufragando cuando su naturaleza los lleva a mostrar su verdadero rostro. El caso del presidente de la Federación de la Industria Alemana, Ulrich Grillo, es paradigmático. El personaje en cuestión reclamó esta semana al gobierno griego que traspase parte de su patrimonio cultural al fondo de rescate europeo, de forma tal que este pueda venderlo para cobrar sus deudas y aceptar una quita. Como vemos, los buitres sobrevuelan por todo el planeta. Por aquí no se podrán posar, ya que existe una clara y consecuente determinación de enfrentarlos, sosteniendo la independencia económica y la dignidad nacional. Infonews

Hallan el cuerpo de María del Valle Santucho, desaparecida hace 38 años

María del Valle Santucho , militó en el ERP-PRT. Su padre, Carlos Santucho también fue asesinado por los militares. La militante del ERP tenía 26 años cuando fue secuestrada el 19 de diciembre 1975. Fue ubicada en una tumba NN del cementerio de Avellaneda e identificada por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. Por Juan Mattio (Infojus Noticias) La familia Santucho pudo recuperar el cuerpo de María del Valle a 38 años de su secuestro. Se encontraba en el cementerio de Avellaneda. El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses identificó el cuerpo y la Cámara de Apelaciones autorizó su entrega a la familia. El 6 de septiembre se hará un homenaje en Santiago del Estero. Sus compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario de los Trabajadores (ERP) la conocían como Coty. En diciembre de 1975 tenía 26 años. Era hija de Carlos Iber y sobrina de Mario Santucho, líder del PRT-ERP. Como integrante del frente militar estaba previsto que María del Valle participara con la Compañía “Juan de Olivera” del ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 en la localidad de Monte Chingolo. Sus tareas eran de contención. El 19 de diciembre de 1975, cinco días antes del copamiento, María del Valle Santucho fue secuestrada por personal policial en una casa operativa de Lomas de Zamora junto con dos compañeros. Su tía Blanca contó que unos días antes le había pedido a su mamá que hiciera una bandera del ERP y que bordara en ella “Compañía Juan de Olivera”. En el ataque al Batallón 601 murieron 62 combatientes del ERP. Treinta de ellos fueron ejecutados después de rendirse. La lista de caídos que publicó el gobierno entre diciembre del ´75 y enero del ´76 permitió a algunas familias recuperar los restos de los militantes. Daniel Bustamante, investigador del equipo de antropólogos forenses explicó a que con el correr de los años se pudo comprobar que en esas entregas hubo muchos errores, lo que significa que se entregaron cuerpos equivocados a las familias. Las excavaciones Con el regreso de la democracia, la Justicia ordenó realizar excavaciones. Una de ellas fue en el cementerio de Avellaneda, donde se encontró a María del Valle. Pero se hicieron con palas mecánicas y no fue identificado ningún cuerpo. “Fue una intrusión poco técnica -afirmó Bustamante- lo único que hizo fue empeorar las condiciones para una excavación arqueológica”. Desde 1998 el Equipo de antropólogos empezó a trabajar con el Archivo de Huellas de la Policía Bonaerense. Con la autorización del ministerio de Seguridad y con el objetivo de esclarecer la situación de algunos desaparecidos, se recuperaron dactilogramas y se pudieron comparar en laboratorio con los microfilms que se había encontrado en la Dirección de Antecedentes, donde se guardaba registro de cadáveres N/N. Ese material quedó bajo custodia de la Cámara Federal de Apelaciones La Plata, que autorizó en el 2006 la excavación arqueológica en el marco de la investigación de los hechos Monte Chingolo. Un equipo de trabajo de 15 personas realizó las excavaciones. Se encontraron diferencias entre las constancias documentales y la situación material de las sepulturas. “Había sepulturas vacías que debían guardar restos y algunas con restos que figuraban como entregados”, explicó Bustamante. Ahí se dieron cuenta que los restos entregados en diciembre del ´75 y enero del ´76 podían ser erróneos. Otro equipo de 8 personas en laboratorio fue el encargado de certificar que lo que indicaba el Archivo de Huellas se correspondiera con los análisis genéticos que fueron realizando. En el marco de ese trabajo fue encontrado el cuerpo de María del Valle Santucho. Incluido en las sepulturas individuales de los asesinados en el copamiento del Batallón 601 de Monte Chingolo, a pesar de haber sido secuestrada 4 días antes. Una familia con 11 víctimas La familia Santucho trasladó los restos a Santiago del Estero con la autorización de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El abogado Luis Santucho informó a los medios locales que será inhumada en el panteón que la familia tiene en el cementerio de La Piedad. Y que el próximo 6 de septiembre se realizará un homenaje con participación de los organismos de Derechos Humanos y representantes de diferentes organizaciones de la provincia. El padre de María del Valle, Carlos Iber, fue secuestrado el 13 de julio de 1976 en su lugar de trabajo. Enrique Rodríguez Larreta, uruguayo sobreviviente del centro clandestino de detención Automotores Orletti, declaró que Carlos fue asesinado en ese lugar. Blanca Santucho, hermana de Carlos y Mario, quien murió el año pasado ansiando recuperar el cuerpo de su sobrina, recordaba que la familia Santucho tiene “once víctimas entre muertos y desaparecidos: seis de ellos son mujeres”. Desde los fusilamientos de Trelew hasta los centros clandestino de detención de la última dictadura, la familia fue golpeada una y otra vez 30/08/13

CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE UN EX JUEZ TUCUMANO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Un garante de la impunidad El ex juez Manlio Martínez, cuya designación fue impulsada por Adel Vilas, jefe del Operativo Independencia. El ex magistrado Manlio Torcuato Martínez deberá responder por delitos con penas de hasta 20 años de prisión. Entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus. La Cámara señaló que “rendía cuentas de su labor” ante los represores. La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por encubrir desde el Poder Judicial los crímenes de la dictadura en esa provincia. La designación de Martínez en 1975 había sido impulsada por el general Adel Vilas, ex jefe del Operativo Independencia, como se conoce a la antesala del terrorismo de Estado, y en apenas un año rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. En línea con la apelación presentada por el fiscal general Antonio Gómez, los camaristas Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino sostuvieron que Martínez garantizó “impunidad a los autores” con “tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado”. Con la confirmación y ampliación del procesamiento, que incluye la figura de asociación ilícita rechazada por el juez Daniel Bejas, “el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente”, informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán. “Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión”, precisó. El 20 de mayo de 1976 el Ejército fusiló a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán, crímenes que se probaron en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Carlos Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones y destacó que cumplía de esa forma la promesa que había hecho al ser designado, de no entorpecer la represión ilegal en Tucumán y garantizar la impunidad de Vilas, Bussi & Cía. Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento” pese a las evidencias en contrario. La fiscalía puntualizó una veintena de medidas que podría haber adoptado, y señaló que esa inacción implicaba incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los autores de delitos. La Cámara puntualizó ahora que esa conducta tuvo “el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la Justicia”. Una segunda imputación se relaciona con la persecución penal del propietario de la casa donde ocurrió el fusilamiento, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía, Roberto “El Tuerto” Albornoz. La fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Durante ese tiempo lo privó de las medicinas que necesitaba por sus problemas de salud mental, y Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. El ex juez fue procesado por esos hechos por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada. “No estamos ante errores humanos en la gestión judicial sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”, estableció la Cámara, y recordó que esa acción fue consecuente con un modo de obrar: entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Martínez “tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo”, apuntó la Cámara, y en ese sentido “formó parte de una asociación criminal cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”. 31/08/13 Página|12

Cuentas pendientes (Los cómplices económicos de la dictadura), de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, es un texto que llega a las librerías a partir de septiembre.

Cuentas pendientes Adelanto El libro esta elaborado junto a un equipo, Eduardo Basualdo, Jorge Taiana, Mario Rapoport, Alfredo Zaiat, Héctor Recalde, Damián Loreti y Alfredo F. Calcagno, entre otros. Verbitsky desenmascara a personas, empresas e instituciones que se beneficiaron con el terrorismo de Estado. Hasta hoy la justicia argentina tuvo el mérito de investigar los delitos de sangre cometidos durante la última dictadura, pero dejó fuera del radar a los actores económicos que interesadamente la promovieron y/o facilitaron, es decir, a las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal. Muchas de ellas son en la actualidad actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, y sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos. Coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios son algunos de los posibles formatos de estos vínculos, que deben ser esclarecidos. En lo que constituye una investigación pionera que logra reunir información sustancial pero dispersa hasta ahora, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino. La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como el Citybank y el Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL o CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín o La Nación, o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares. Al ofrecer la primera investigación sólida y sistemática sobre un tema que ha comenzado a instalarse en la agenda del derecho local e internacional, este libro abrirá sin duda una nueva etapa, además de contribuir a una narrativa más completa de los años del llamado “Proceso”. Clic para adquirir el libro en Librería Santa Fe Adelanto del libro Introducción "En 2013 se cumplen treinta años consecutivos sin golpes de Estado que interrumpan el proceso institucional democrático. Esto no había ocurrido nunca antes en dos siglos de existencia republicana. Por eso, más que la recuperación de la democracia, como era la fórmula preferida en 1983, se conmemora hoy su experiencia fundacional. El reclamo de memoria, verdad y justicia fue uno de los hilos conductores de ese proceso, que sufrió avances y retrocesos hasta que, en 2001, la justicia declaró nulas las leyes y decretos de impunidad y se reabrieron los procesos interrumpidos luego de los alzamientos castrenses de 1987 a 1990. A marzo de 2013, en los juicios realizados en todo el país, se pronunciaron 404 condenas y 45 absoluciones, proporción demostrativa de su carácter de verdaderos actos de justicia, en los que nadie ha sido condenado sin pruebas. En todos los casos se trató de los autores directos o de escritorio de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas de 1970 y 1980. Entre ellos, fueron condenados militares, policías, agentes de otras fuerzas de seguridad, un ministro civil del Estado terrorista y un sacerdote católico.Si bien desde el comienzo de la democracia ya habían sido objeto de atención y de estudio las causas económicas estructurales de la dictadura, la represión de los trabajadores y las consecuencias de las políticas económicas implementadas durante ese período, recién en los últimos años se ha comenzado a focalizar también en el rol y en la eventual responsabilidad (ya sea política, penal o civil) de aquellas personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y/o servicios a la dictadura u obtuvieron de ella beneficios mientras le brindaban apoyo político, consolidando el régimen y facilitando la ejecución del plan criminal. La denominación “dictadura militar” va cayendo en desuso, a favor de otras más complejas y aproximadas a la realidad de lo que fue un bloque cívico, militar, empresarial y eclesiástico. Empresarios que son procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios, víctimas que demandan a los bancos que financiaron a la dictadura, reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convierten en desapariciones y son declarados imprescriptibles, sentencias que instruyen investigar la complicidad editorial de diarios, pedidos efectivos de procesamiento contra empresarios de medios por haber implementado campañas de manipulación de la información en connivencia con los planes represivos, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal sobre el caso “Papel Prensa”, la creación de una unidad especial de investigación de los delitos de lesa humanidad con motivación económica en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y de una oficina de coordinación de políticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia dentro de la Comisión Nacional de Valores10 son algunas muestras de esta nueva tendencia. ¿Qué cambió en la Argentina que explique este reciente y asombroso crecimiento del interés y del esfuerzo por responsabilizar a los cómplices económicos? La respuesta contiene factores tanto globales como domésticos. En el plano internacional, la jurisprudencia del Tribunal Militar de Núremberg fue clara en cuanto a la responsabilidad de los empresarios que habían facilitado bienes y servicios a la maquinaria estatal nazi: Aquellos que ejecutan el plan no evaden su responsabilidad demostrando que actuaron bajo la dirección de la persona que lo concibió […]. Esa persona debió tener la cooperación de políticos, líderes militares, diplomáticos y hombres de negocios. Cuando, con conocimiento de los propósitos de aquella persona, le prestaron cooperación, ellos mismos formaron parte del plan que esta había iniciado. Ellos no pueden ser considerados inocentes […] si sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, luego de los juicios de la inmediata posguerra las cuestiones asociadas a la responsabilidad de los sujetos no estatales por violaciones de los derechos humanos ingresaron en un cono de silencio en el derecho internacional. El motivo de ello fue el paradigma dominante acerca de que la bestia de los derechos humanos estaba en el mismo Estado, no fuera de él. También incidió el comienzo de la Guerra Fría, con su invitación a olvidar las responsabilidades de sectores de peso en las nuevas alianzas. La finalización de la Guerra Fría y el ingreso en lo que se conoce como proceso de globalización, al compás del crecimiento de las empresas transnacionales, pusieron en evidencia el poder y la capacidad inmensa de daño a los derechos humanos. Esto explica, en gran medida, por qué en los últimos diez años la comunidad internacional ha avanzado en acuerdos graduales sobre la aplicación de los estándares de los derechos humanos a las empresas. La aprobación en 2011 por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Informe Ruggie) fue la cristalización formal de ese proceso. Asimismo, las comisiones de la Verdad más modernas han comenzado a considerar tanto los problemas económicos que subyacen a los conflictos armados y regímenes autoritarios como el comportamiento asumido por los empresarios durante esos períodos. Es el caso de las comisiones de Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica y Timor Oriental. Esa tendencia del derecho internacional se vio exacerbada por los cientos de demandas judiciales entabladas en decenas de países tendientes a responsabilizar a las empresas por su participación o facilitación en la violación de los derechos humanos. La jurisprudencia de los Estados Unidos, aplicando el llamado Alien Tort Claims Act,14 ha desempeñado un papel de referencia en esta materia, pues ha condenado a empresas por violar derechos humanos en el extranjero. La academia también se ha hecho cargo de su parte, de modo que empresas y derechos humanos pasó a constituir uno de los grandes temas de debate contemporáneo del derecho internacional".

PANORAMA ECONOMICO Posición dominante Por Alfredo Zaiat

La ciencia económica ofrece diferentes corrientes teóricas que abordan el problema de los monopolios, oligopolios y el abuso de la posición dominante. Distintos paradigmas del pensamiento económico han estudiado el funcionamiento de los mercados y el papel del Estado como regulador con el objetivo del beneficio social. Existe acuerdo del efecto negativo en términos económicos y sociales de ese tipo de mercados en el extenso territorio teórico de la ciencia económica. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el Congreso hace cuatro años por amplia mayoría en ambas cámaras, y frenada su aplicación por acciones dilatorias en el Poder Judicial por parte del principal grupo económico dueño de medios de comunicación, espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En esos años ha habido una intensa disputa de los actores involucrados en la construcción de sentido en el espacio público sobre la libertad de expresión, el poder político, el periodismo, la independencia de los medios de comunicación, la concentración de medios. No ha tenido el mismo ardor el análisis de la cuestión principal, específicamente económica, que es el despliegue de un grupo con posición dominante en el mercado. La desconcentración es una decisión política, no judiciable, con el objetivo de ampliar la competencia y defender al consumidor, con muchos antecedentes a nivel internacional. Los miembros de la Corte tienen la oportunidad de introducir con más entusiasmo esa perspectiva en el fallo a partir de aportes acercados por amicus curiae y por la sólida exposición del Estado ante cada pregunta del máximo tribunal en la jornada dedicada a la exposición de las partes. La Universidad Nacional de Moreno no fue aceptada como expositora en la audiencia previa, quedando en el registro de presentaciones espontáneas, documento incorporado a la causa. El trabajo fue preparado por docentes e investigadores del Departamento de Economía y Administración y resulta una buena guía para el análisis conceptual sobre monopolios, oligopolios y posición dominante. La decisión del poder político de ampliar espacios de competencia en mercados concentrados tiene antecedentes, pasados y recientes, en economías desarrolladas y periféricas. En varios casos, la autoridad correspondiente ha intervenido para desarticular a grupos que ejercían posición dominante. Esta última no es la definición de monopolio (único oferente), pero en la práctica reúne todas sus características debido al vínculo que se define con otras empresas del sector y con los consumidores. Existe abundante experiencia internacional para observar la tarea de los encargados de administrar justicia para convalidar la ampliación de la competencia en los mercados, el extraordinario poder de lobby que ejercen los conglomerados afectados y el importante beneficio económico para los consumidores de la aplicación de iniciativas que restringen la actuación de grupos con posición dominante. El documento de la Universidad Nacional de Moreno brinda un oportuno marco teórico de diferentes vertientes del pensamiento económico sobre concentración y posición dominante (www.unm.edu.ar/do cumentos/cypdm.pdf). El escrito titulado “Concentración y poder económico en la teoría económica” afirma que “existe una coincidencia abrumadoramente mayoritaria y generalizada (en el amplio abanico de corrientes teóricas en la ciencia económica) sobre las consecuencias negativas del monopolio y de toda forma de posición dominante de mercado”. Uno de los puntos más controvertidos de la causa se refiere al derecho de propiedad privada, postulado central del liberalismo y que estaría afectado por la pretensión de desconcentración y, por lo tanto, inconstitucional. Para interpelarlo, el escrito de la UNL rescata la posición del padre fundador de la economía política y del liberalismo en la modernidad, el escocés Adam Smith, al señalar que a partir de su conocida crítica que realiza a la Compañía de Indias y a las asociaciones profesionales británicas que estructuraban derechos de monopolio en el comercio y la industria se constituyó la larga tradición antitrust del Reino Unido y los Estados Unidos. Para Smith, la situación monopólica no sólo era reprochable porque es enemiga de la buena gestión de la economía en tanto distorsiona la asignación de los recursos y la distribución del ingreso, sino también porque reintroduce el mecanismo feudal para limitar la libertad de acción de los individuos, introduciendo discriminación y desigualdad y, en consecuencia, perjudicando el progreso social en su conjunto y la grandeza de la Nación. El documento luego avanza en describir que las prácticas monopólicas u oligopólicas atentan contra el bienestar general, no sólo desde la perspectiva de la libertad de expresión y el derecho al acceso a bienes culturales sino, y en particular, desde el punto de vista de la “soberanía del consumidor”. Precisa los distintos aspectos de los mercados en que no se satisfacen plenamente las condiciones ideales de competencia: bienes homogéneos, externalidades, número de oferentes y demandantes, información incompleta, barreras a la entrada y salida, costos decrecientes, bienes públicos. Lo que deriva en consecuencias de “subóptimos sociales” con sus respectivos impactos negativos en: –abusos de poder de mercado, traducidos en mayores precios y/o deficiencias en calidad de bienes y servicios; –ganancias extraordinarias por encima de las “normales”, en perjuicio de los consumidores; –insuficiencias o dificultades de acceso a bienes y servicios “meritorios” o “preferenciales”; y –efectos regresivos en materia distributiva. Como se sabe, el agente económico que alcanza la posición dominante está en condiciones de expulsar a los competidores de manera ruinosa por diversos mecanismos igualmente estudiados por la ciencia económica: –discriminación de precios por subsidios cruzados, –fijación de precios predatorios, –abuso de posición de mercado, –presiones por el papel decisivo de los anunciantes, –discriminación para los que no forman parte de un grupo integrado verticalmente. “Las economías de escala producen caída en los costos, pero no necesariamente en los precios (confusión muy usual), porque es la empresa con su poder monopólico la que establece el precio. Sin la intervención del Estado, estas condiciones tienden a reforzarse de manera incesante aumentando las distorsiones en perjuicio del consumidor y de la sociedad en general”, explica. Prosigue con el marco neoclásico prekeynesiano de Cambridge indicando los trabajos de los economistas Alfred Mar-shall y Arthur Pigou, en el marco de la conocida “Economía del Bienestar”, en torno de la identificación de las difundidas “fallas de mercado” y que dan fundamento microeconómico a la intervención estatal correctiva de las mismas, en favor de la eficiencia y el bienestar general. Expone que “es por ello que la existencia de todo monopolio implica la situación de mercado menos competitiva, cuya particularidad esencial es que la empresa puede fijar el precio y, en el caso de la existencia de un oligopolio, donde existe un pequeño conjunto de oferentes del mismo producto, existe la posibilidad de que actúen de forma similar a la de un monopolio, a través de comportamientos de colusión o de formación de carteles. En cualquier caso, la teoría económica da fundamento a la regulación estatal para tratar de poner freno a las citadas conductas anticompetitivas, que implican deterioro del bienestar social debido a la disociación de precios y costos privados respecto de precios y costos sociales”. El documento de la universidad concluye que cualquiera sea el motivo, “el Estado debe regular los mercados concentrados, creando leyes que protejan o incentiven la competencia y que permitan a la Justicia denunciar los monopolios y los oligopolios, atendiendo a la necesidad de distribuir y compartir los productos del progreso”. azaiat@pagina12.com.ar 31/08/13 Página|12

PEÑAFORT HABLO SOBRE LA LEY DE MEDIOS Y LA AUDIENCIA EN LA CORTE “Clarín defiende su rentabilidad”

Peñafort afirmó que “Clarín no defiende la libertad de expresión”. La abogada dijo que el balance de la audiencia es “muy positivo” porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”. Por Sebastian Abrevaya La abogada Graciana Peñafort fue una de las figuras centrales de la exposición realizada por el Estado nacional en la audiencia convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como ex directora de Asuntos Legales de la Afsca durante la gestión de Gabriel Mario-tto, fue una de las redactoras de la ley y conoce como pocos el contenido y las cuestiones técnicas del mercado de la comunicación en argentina. En diálogo con Página/12, consideró “muy positivo” el balance de la audiencia porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”. “La argumentación de Clarín, llevada al extremo, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión”, advierte. –¿Cuál es su balance de la audiencia de la Corte? –El balance fue muy positivo para visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar. Es más fácil sostener que esta ley es mala cuando mientras hay debates en todo el país y simplemente decís que algunos canales “van a desaparecer”. Ahora tuvieron que decir públicamente que no defienden la libertad de expresión sino la rentabilidad. Del otro lado demostramos razones de concentración de mercado, pactos de derechos humanos y doctrina de libertad de expresión. Entonces la frase esloganera pierde su efecto. Además, quedó en evidencia que es el Estado, en este caso la Corte, el que garantiza la diversidad de contenido en los tiempos modernos frente a las decisiones empresarias que puedan invisibilizarlos. Porque permitió elegir si querías ver la versión parcial de la audiencia de TN o ver la transmisión entera. Eso es lo que busca la ley. –¿Qué le parecieron las preguntas realizadas por la Corte? –La Corte demostró que los jueces habían hecho una lectura del expediente y que lo conocían en profundidad. En el caso del Estado había muchas preguntas de contenido técnico. Hay que rebatir a un grupo monopólico que dice: “Me afectás a mí, afectás la libertad de expresión”. Es una premisa que dicha en el contexto de los medios suena agresiva, entonces hay que dejar muy en claro la respuesta. A ellos le preguntaron cómo afecta la libertad de expresión esta ley y no lo pudieron demostrar, pueden demostrar que afecta su rentabilidad. –Hubo unas repreguntas de Ricardo Lorenzetti respecto del ejercicio y la revocación de las licencias... –Eso se refiere a una materia de derecho administrativo sobre cuál es el nivel de propiedad, entendida la propiedad como todo aquello que no es la vida o la libertad. Es un paradigma bastante liberal. Es un concepto tan amplio de propiedad, que se contrapone con lo que es un privilegio en materia administrativa, un recurso del Estado cuyo gerenciamiento o administración se le da a un particular. Y se denomina privilegio por la escasez y porque el particular tiene que pasar por un trámite especial para acceder a él. Como es una actividad de interés público, son recursos del Estado administrados o gerenciados por un particular. Eso da que sus condiciones de vigencia estén sujetas a leyes especiales, cuya premisa es, básicamente que se deben explotar, desarrollar, nacer y extinguir, solo en función de las reglas del derecho y en función del interés público. –¿Eso no choca con el argumento de Clarín respecto de que sólo se debe regular por los tribunales de defensa de la competencia? –Por eso dijimos que esos tribunales sólo regulan mercados y valores de mercado. En cambio, la libertad de expresión es un valor simbólico. Los tribunales de defensa de la competencia regulan una vez que se ha vulnerado. Pero cuando se regula en materia de libertad de expresión tiene que ser anterior porque una vez que es vulnerada no hay manera de subsanarlo. En base a la información uno toma decisiones en su vida, participa como ciudadano. La ley cumple acabadamente eso. –Uno de los argumentos centrales de Clarín fue que la ley afecta la sustentabilidad y por ende la libertad de expresión... –Ese argumento es imposible de sostener. Es falso que la sustentabilidad está asociada a una economía de escala. De ser cierto, lo único que garantizaría la libertad de expresión sería una única empresa nacional que concentre toda la escala. La argumentación de Clarín, llevada al extremo final, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión, ni activos ni pasivos. Entonces los medios comunitarios, chicos o locales no son sujetos de la libertad de expresión. Eso anula la diversidad de fuentes de información. –¿Le faltó algo a la presentación del Estado? –Mi sensación es que el Estado demostró profesionales muy sólidos y pudo contestar acertivamente las preguntas. Te puede gustar o no esta ley ideológicamente. Lo que no podés discutir es que tiene razones de hecho y de derecho para existir y ser aplicada. –El abogado de Clarín dijo que si pierden podrían recurrir a tribunales internacionales. ¿Qué pasaría en ese caso? –En principio, no se suspende la aplicación de la ley. Es parte de su derecho y de la democracia, es bueno. Pero además, hay textos completos de la ley que son informes, apartados, artículos, que están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La ley está escrita en la letra del SIDH, y lo que no, lo hicimos en el debate público. –¿Y si la Corte declarara inconstitucional algunos artículos? –Aquellos que sostienen la posibilidad de un “fallo salomónico” son los que le dan la salida elegante a la Corte para apoyar la posición de Clarín. Eso implica mantener los privilegios y la posición dominante pero embanderándose en la libertad de expresión. Pero no es así. O hay posición concentrada o no la hay. Y si la hay, hay que tomar decisiones correctivas. –Otro de los argumentos contra la ley es que no contempla la convergencia tecnológica, que es vieja... –La ley está llena de cláusulas que permiten actualizarla. No nació vieja. Si hubiesen ingresado las telefónicas hubiera que haber pensado bien la convergencia pero esos artículos desaparecieron porque fue un pedido político de la oposición, no del Gobierno. Clarín está muy de acuerdo con eso porque está defendiendo el monopolio del mercado convergente. Su principal competidor, que es DirectTV, como se trata de satélite, no entra en ese mercado. –Clarín dice que se lo quiere desguazar para acallar voces críticas... –No comparto para nada eso. Se les pidió a todos los grupos que presentaran el plan de adecuación y lo presentaron. Se ha avanzado y algunos grupos ya se han adecuado. ¿Cómo puede decir que no es equitativa la aplicación de la ley el grupo que ni siquiera ha presentado la adecuación? Pero además, no es que se acaba la posibilidad de control judicial sobre la aplicación. Una cosa es que no compartas lo que dicen y otra cosa es que quieran callarlos. Lo que pasa es que los grupos concentrados de la Argentina estaban acostumbrados a dictar ellos la agenda y que nadie se la discutiera. Artaza, del lado de la ley El senador radical Eugenio “Nito” Artaza, candidato a gobernador de Corrientes, defendió ayer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dijo que “Clarín tiene un discurso destituyente”. “Yo soy partidario de la ley de medios, ha democratizado los medios, independientemente de las mejoras que se le puedan hacer”, sostuvo Artaza.En declaraciones radiales, el legislador opinó que el radicalismo debe optar entre “estar del lado de las corporaciones o estar del lado de la gente” en el marco de la pelea por la aplicación plena de la LdSCA, pero que “muchos correligionarios, para salir en los medios, responden a los intereses de muchos medios”, denunció. “Yo soy opositor, pero lo hago de frente, con representación en el Congreso. Hay personas que le hablan al Poder Ejecutivo de una forma que no me parece procedente (...) y eso a mí me preocupa, porque responden a sectores concentrados”, argumentó. 31/08/13 Página|12

SIRIA DICE QUE FUERON LOS INSURGENTES Y LA OTAN CULPA AL EJERCITO SIRIO, MIENTRAS LLEGAN LOS INSPECTORES Nadie se hace cargo del ataque con químicos

Opositores y partidarios de una intervención en el conflicto debatieron en el Consejo de Seguridad el proyecto de resolución presentado por Gran Bretaña para concretar un ataque militar contra el régimen sirio, sin llegar a un acuerdo. Siria presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de que fueron los insurgentes armados quienes usaron armas químicas la semana pasada en un ataque cerca de Damasco. Sin embargo, la OTAN responsabilizó al gobierno de Bashar al Assad por el ataque y advirtió que el mismo no podía quedar sin respuesta. Por otro lado, la misión de expertos de Naciones Unidas visitó las localidades de Zamalka y Ain Tarma para recoger muestras del supuesto ataque. Está previsto que la misión continúe en Siria hasta el próximo sábado, algo que reclamó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al señalar que necesitará todavía otros varios días en el país. Opositores y partidarios de una intervención en el conflicto debatieron en el Consejo de Seguridad el proyecto de resolución presentado por Gran Bretaña para concretar un ataque militar contra el régimen sirio, aunque no se llegó a un acuerdo. El gobierno sirio reiteró su firme disposición a defenderse de cualquier agresión, advirtiendo que su país se convertirá en el cementerio de los invasores y acusando a Estados Unidos y sus aliados de emplear argumentos falsos para justificar una intervención militar. “Hemos entregado a Naciones Unidas todas las pruebas y documentos que muestran que fue la oposición, no el Estado, la que utilizó armas químicas”, informó el vicecanciller sirio, Faisal Miqdad. Una misión de la ONU se encuentra actualmente en Siria –donde continuarán, en principio, hasta el sábado– para investigar varios casos de supuestos ataques químicos, de los que el gobierno y la oposición se acusan mutuamente. Los expertos visitaron ayer los suburbios de Zamalka y Yobar, en la periferia de la capital, para reunir testimonios y muestras del supuesto ataque, con el que las potencias occidentales buscan justificar una posible intervención armada. El equipo de la ONU, que estuvo el lunes pasado en la ciudad de Al Muadamiya y fue atacado por francotiradores, tuvo que posponer su nueva visita a la periferia de la capital después de que no pudiera hacerlo por razones de seguridad. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, condenó los ataques y acusó al gobierno sirio por no ofrecer acceso inmediato y seguro a los inspectores enviados por la ONU. “Información disponible de un amplio abanico de fuentes apunta al régimen sirio como responsable del uso de armas químicas en estos ataques”, dijo Rasmussen, sin esperar al resultado de la investigación que llevan a cabo los inspectores enviados por el organismo internacional. Para Rasmussen, el ataque constituye una clara violación de las normas y prácticas internacionales y, por ello, los responsables deben rendir cuentas. El gobierno de Estados Unidos tiene previsto hacer pública esta semana una parte de un informe de los servicios de inteligencia que apuntan a la responsabilidad del régimen sirio en el ataque. Según la revista Foreign Policy, los servicios de información estadounidenses escucharon, tras el ataque de la semana pasada, una conversación de un responsable del Ministerio de Defensa sirio con un jefe de la unidad de armas químicas en la que le pedía respuestas sobre un ataque con un agente neurotóxico que mató a más de mil personas. Ayer, los embajadores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reunieron a puertas cerradas en la sede del organismo, en Nueva York, para debatir el proyecto de resolución presentado por el primer ministro británico, David Cameron. Según el gobierno británico, el proyecto de resolución autorizaba todas las medidas necesarias en virtud del capítulo VII de la Carta de la ONU para proteger a los civiles de las armas químicas en Siria. El capítulo VII prevé medidas coercitivas que pueden implicar desde sanciones hasta una operación militar. Sin embargo, no pudo adoptarse una resolución debido a las discrepancias existentes entre las grandes potencias, especialmente entre Rusia y los países occidentales. Rusia, aliada del régimen sirio con derecho de veto, ya bloqueó junto a China varias resoluciones sobre Siria y considera que el Consejo debe esperar el informe de los expertos de la ONU. “Un ataque provocará una desestabilización aún mayor de la situación en el país y la región”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov. Irán, otro de los aliados de Moscú en Medio Oriente, también advirtió que una intervención estadounidense sería un desastre para la región. De hecho, Israel autorizó un llamado limitado de reservistas y desplegó baterías antimisiles en su frontera norte con Siria. Por su parte, Turquía reforzó su nivel de vigilancia. El primer ministro sirio, Wael al Halqi, lanzó otra dura advertencia a Estados Unidos y sus aliados. “Siria va a ser el cementerio de los invasores, no se va a asustar por sus amenazas colonialistas y ninguna fuerza del mundo podrá vencerla”, subrayó. El jefe de gobierno aseguró que Siria saldría de la crisis fortalecida. “Los países que golpean los tambores de guerra contra Siria son los mismos que cometieron las masacres en Irak, Líbano y otras naciones”, agregó. En su opinión, el objetivo de toda esta ofensiva era distraer a los pueblos árabes con conflictos internos absurdos y desviar a Siria de la línea de la resistencia contra Israel. El gobierno sirio negó en reiteradas ocasiones el uso de armas químicas contra la población, si bien Estados Unidos y otros países aliados están convencidos de la responsabilidad de Damasco en ese caso y amenazaron con lanzar una intervención militar. Los posibles bombardeos se ejecutarían con misiles Tomahawk embarcados en buques situados en el mar Mediterráneo y con cazas que operen fuera del espacio aéreo sirio. ROMA NO APOYA UN ATAQUE A SIRIA SIN EL MANDATO DE NACIONES UNIDAS Italia se baja de la movida Resistiendo presiones de sus aliados, además de no enviar tropas y equipos a la zona del conflicto, tampoco permitirá el uso de seis bases militares que Estados Unidos tiene en el país para desplegar ataques en contra de Siria. Por Elena Llorente Desde Roma Pese a los deseos y decisiones de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Italia no apoyará un ataque contra Siria si no existe una resolución de la ONU. Y esto significa, en pocas palabras, no sólo que no mandará sus fuerzas militares o colaborará con sus barcos o aviones sino que no permitirá –asegura la prensa– el uso de las bases militares estadounidenses en Italia, seis de ellas, las más importantes, repartidas en puntos estratégicos de la península. Y en caso de que hubiera alguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la decisión estaría supeditada a un debate en el Parlamento. Al menos así lo han manifestado la canciller, Emma Bonino, y el ministro de Defensa, Mario Mauro. Ante las comisiones de Asuntos Exteriores de las dos cámaras del Parlamento, Bonino dijo específicamente esta semana que “sin el aval del Consejo de Seguridad no participaremos de operaciones militares” contra Siria. Aunque reconoció que existen indicios que refuerzan la hipótesis de que se ha hecho uso de armas químicas, en particular de gas sarín, la canciller se dijo convencida de que “no existe una solución militar sino política para el conflicto en Siria” y se llama, dijo, “Ginebra 2”, es decir una negociación para buscar una solución a largo plazo para Siria y toda la región. “Entendemos las razones que empujan a algunos países a querer dar una advertencia severa –añadió– pero consideramos que por la extrema complejidad de la región y las posibles reacciones de otras potencias, sólo el Consejo de Seguridad debe asumir la responsabilidad de una intervención.” Además, explicó, porque a menudo “intervenciones limitadas luego se transforman en ilimitadas”. También el ministro Mauro se declaró a favor de una “solución política”. Hablando en un programa radial dijo además que “Italia no debe ser tímida con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania” aunque al mismo tiempo está en “total sintonía” con el rol de los aliados. Y como para dejar tranquilos a sus aliados, el gobierno italiano emitió ayer un comunicado luego de una reunión de gabinete, expresando que Italia “reitera la más firme condena a la utilización de armas químicas contra la población siria”, que ese acto constituye un “crimen contra la humanidad” y es “inaceptable” y que los responsables “deberán ser juzgados por la Justicia internacional”. Pero al mismo tiempo confirma su apoyo a la tarea de los inspectores de la ONU encargados de las investigaciones sobre los gases usados y pide que su trabajo pueda proceder con “la máxima rapidez y libertad”. El gobierno italiano pone el dedo en la llaga apuntando a la respuesta que se espera de los inspectores de la ONU que están tratando de saber si se usaron realmente armas químicas y cuáles, en el ataque del 21 de agosto que presuntamente hicieron fuerzas del gobierno a una zona en las afueras de Damasco, aparentemente controlada por insurgentes y en el que, según ellos, murieron unas 1300 personas, muchos de ellos niños. Según el secretario de Estado, John Kerry, Estados Unidos está seguro de que el gobierno del presidente Bashar al Assad usó armas químicas. Pero, claro, que lo diga Estados Unidos no es necesariamente una garantía. Todo este asunto recuerda vivamente lo que ocurrió en 2003, durante el gobierno de George Bush, cuando Estados Unidos quería a toda costa invadir Irak para controlar la región y para ello intentó demostrar, en el Consejo de Seguridad, que Irak tenía “armas de destrucción masiva”, como serían por ejemplo los gases letales. Pero los inspectores de la ONU, que habían visitado varias veces Irak, se cansaron de repetir que no era verdad. Bush envió entonces a su secretario de Estado Colin Powell al Consejo de Seguridad con unas filmaciones hechas desde satélites y que, supuestamente, demostraban la existencia de las armas, pero que en realidad solo mostraban camiones que entraban y salían de galpones, tal vez depósitos de armas. No todos en la ONU le creyeron a Powell. Pero los aliados de siempre, EE.UU. y Gran Bretaña, a los que se le agregó España –en ese momento miembro del Consejo de Seguridad y gobernada por la derecha, el Partido Popular, con Aznar– se mostraron compactos y lanzaron el ataque, aun sin apoyo de la ONU. Powell, años después, reconoció públicamente que había mentido en aquella reunión del Consejo de Seguridad presionado por Bush. Por lo sucedido hasta ahora y por lo que asegura la prensa, el ataque contra Siria podría concretarse en los próximos días y ha sido interpretado como una advertencia indirecta de EE.UU. a Irán y su programa nuclear. China y Rusia no están de acuerdo. Tampoco lo está Alemania por ahora. La primera ministra, Angela Merkel, habla de una “solución política” aunque su ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, no descarta una reacción si se confirma el uso de armas químicas. Mientras tanto, cientos de personas siguen muriendo cada día en esta guerra fratricida y otros miles escapan a los países vecinos o atraviesan el Mediterráneo con familias y todo en busca de un poco de paz, como ocurre con decenas de ellos que han llegado a Italia en las últimas semanas. Ante este panorama desolador, difundido con fotos e imágenes televisivas en todo el mundo, el papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a la “querida nación siria a encontrar una solución a una guerra que siembra destrucción y muerte”. En el angelus, la oración del mediodía, del domingo pasado en la plaza de San Pedro, Francisco dijo que seguía con “gran sufrimiento y preocupación” la situación en Siria. “El aumento de la violencia en una guerra entre hermanos, con el multiplicarse de masacres y actos atroces me empuja una vez más a levantar la voz para que se detenga el ruido de las armas. No es el enfrentamiento el que ofrece perspectivas de esperanza para resolver los problemas sino la capacidad de encuentro y de diálogo”, dijo el Papa. No se descarta que Siria sea uno de los temas que el Papa trate con el rey de Jordania, Abdalá Ibn Husaym, a quien insólitamente recibirá hoy jueves en el Vaticano. La postura de Moscú Rusia manifestó que llevar al Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para legitimar una intervención militar en Siria es prematuro sin contar antes con el informe de expertos sobre el ataque con armas químicas denunciado por la oposición siria. “Discutir acerca de cualquier reacción del Consejo de Seguridad antes de que los expertos de la ONU que trabajan en Siria presenten su informe es un poco prematuro”, dijo a Interfax el viceprimer ministro primero de Asuntos Exteriores ruso, Vladimir Titov. Poco antes, el jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o Cámara de Diputados rusa, Alexei Pushkov, denunció que el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido al Consejo de Seguridad es una maniobra táctica para luego justificar un ataque unilateral contra el régimen de Al Assad. El diputado, del oficialista partido Rusia Unida, aseguró que la propuesta de Londres persigue justificar la operación militar sin mandato de la ONU con el argumento de que incluso a última hora se intentó convencer al Consejo de Seguridad. 29/08/13 Página|12