domingo, 31 de diciembre de 2017

EL PAÍS 31 de diciembre de 2017 El enorme fallo sobre el caso Nisman como pieza de ficción política Los cuentos de su señoría

El informático Lagomarsino quedó acusado de ser parte de una conspiración internacional no identificada, junto a asesinos no identificados, que entraron mágicamente al departamento del fiscal y lo golpearon sin dejar el menor rastro. La evidente intención de culpar al “populismo” y, si se puede, a Venezuela.
¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis.
Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna.
¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis.
Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna.

1 Diego Lagomarsino fue procesado como cómplice del supuesto homicidio. ¿Cómplice de quién? No se sabe. El juez dice que el informático fue parte de un plan criminal, que integró una especie de organización con los supuestos homicidas “que no han podido ser identificados”. En el texto del juez no hay ni siquiera una teoría sobre los asesinos. Y lo más llamativo es que no menciona contactos de Lagomarsino, ni llamadas ni whatsapp con los que podrían ser sus colegas de banda. No hay un testigo que mencione que lo vio en una reunión rara, sospechosa. ¿Lagomarsino era parte de un servicio de inteligencia? El juez no lo afirma para nada. No encuentra ni un vínculo.
2 ¿Cuál fue el móvil del supuesto crimen? Según dicen los teóricos, si un homicidio se produce delante de diez testigos o si hay una filmación, el móvil no tiene la menor importancia: está claro quién fue. Pero si un homicidio tiene un autor dudoso o desconocido, el móvil pasa a tener mucha importancia. Hay que determinar la relación entre el homicida y la víctima. El móvil llena los huecos de una descripción incompleta, afirma la teoría. En las 656 páginas de Ercolini no hay móvil alguno. ¿Por qué Lagomarsino habría de participar del asesinato de Nisman? ¿Porque Nisman denunció a Cristina por el Memorándum? Está claro que no era kirchnerista. Basta mirar sus posteos anti-K en Facebook muchísimo antes de la muerte del fiscal y muchísimo antes de que Nisman pegara la voltereta de estar muy cerca del gobierno de Néstor y Cristina para pasar a  denunciar al mismo gobierno que antes elogiaba. ¿Participó del crimen porque era parte de una organización o servicio de inteligencia? No hay una sola prueba del juez en ese sentido. Ni en ningún sentido. Y eso que la investigación está en la justicia federal desde hace 15 meses y, si se suma toda la pesquisa anterior, ya pasaron casi tres años sin que apareciera evidencia alguna de un móvil. De esos tres años, dos fueron bajo administración macrista que se desespera por encontrar alguna prueba que involucre al gobierno anterior.
3 ¿Por qué Lagomarsino aportó su arma? La participación que el magistrado le imputa al informático es haber aportado la pistola, sabiendo que se iba a usar para matar a Nisman. Pero el dato relevante es que se trata de una Bersa que estaba inscripta en el Registro a nombre de Lagomarsino. O sea que entregó el arma inmolándose. En minutos se sabría que estaba a nombre suyo. No tiene el menor sentido ni explicación. Ercolini dice que se necesitaba un arma “amiga” para simular un suicidio, pero si la pistola hubiera sido de origen desconocido, nada cambiaba la situación: se diría que tal vez Nisman compró el arma muchos años antes. Basta mirar la Bersa para ver que se trata de una pistola viejísima. En cualquier caso, nuevamente el juez hace especulaciones y no explica por qué Lagomarsino habría puesto el cuerpo, inmolándose, en el supuesto plan criminal. No hay otro ejemplo igual en el mundo de alguien que deja una pistola a su nombre en un homicidio de repercusión nacional e internacional.
4 ¿Nisman no pidió el arma? El fiscal y el juez sostienen que es inverosímil que Nisman le haya pedido el arma a Lagomarsino. En primer lugar, desconocen un hecho probado: las llamadas, ese sábado, fueron siempre de Nisman a Lagomarsino. Fueron varias llamadas, reiteradas, porque en dos oportunidades el informático no atendió. Exhiben insistencia de Nisman, no voluntad de contacto de Lagomarsino. Pero, además, el custodio Rubén Benítez contó que también a él Nisman le pidió un arma, exactamente con el mismo argumento: que era para defender a sus hijas, que la custodia podía ser interceptada. El magistrado dictamina que no le cree a Benítez, que se contradice en sus versiones y sugiere que él y Lagomarsino fueron parte de un mismo plan. Sin embargo, no hay una sola llamada entre ellos, no hay testigos ni siquiera de un encuentro entre custodio e informático. Ercolini supone que fueron cómplices, no presenta una sola prueba.
5 Simular un suicidio. Ese es el centro de las 656 páginas del fallo de Ercolini. Según él, los homicidas, hicieron todo para armar la escena de un suicidio. Sin embargo, no explica lo más elemental ¿por qué el arma aparece en el hombro de Nisman? ¿por qué no se lo pusieron en la mano o cerca de la mano? No hay mejor indicio de un suicidio que el arma en la mano o al lado.
6 La mecánica. La Gendarmería, fuerza que depende del gobierno de Mauricio Macri y específicamente de Patricia Bullrich, dictaminó que a Nisman le dieron una tremenda paliza, le fracturaron la nariz, casi le partieron el labio, le pegaron en el hígado y en una pierna. Recién después le dieron ketamina, no se sabe cuánto ni cómo, porque no tiene rastros de ninguna inyección. Frente a este diagnóstico disparatado de una fuerza que no tiene la menor experiencia en autopsias, el Cuerpo Médico Forense, que no dependía de Cristina sino de la Corte Suprema, dijo que Nisman no tenía golpes y sólo registraba pequeñas cantidades de clonazepan. Los forenses, con miles de autopsias a sus espaldas, dijeron además de que no hay evidencia científica de accionar homicida ¿Cuál hubiera sido la lógica? Que el juez convocara a todos los profesionales de uno y otro lado, para que abrieran un debate delante de él. Ercolini esquivó esa alternativa. Como la coalición política-mediática-judicial quería apuntar, sí o sí, contra el gobierno anterior, se imponía dictaminar homicidio. Y eso se hizo, en contra de la ciencia.
7 La escena, parte II. Nisman murió de un único disparo en la sien (el lugar habitual de los suicidas), con el arma apoyada. En todo el departamento no hay rastros de pelea, pese a que para el juez y la Gendarmería recibió una tremenda paliza: no se rompió nada, el departamento estaba igual que el día anterior, según testimonió la madre del fiscal. Nisman terminó con la cabeza contra la puerta del baño, lo que impedía abrirla. Nada explica el magistrado sobre cómo se armó esa escena, cómo hicieron los dos supuestos homicidas para pegarle el tiro y salir dejando la cabeza apoyada contra la puerta y sin que hubiera ni una pisada ni se manchara la alfombra del pasillo. Nuevamente, los peritos de la Policía Federal dictaminaron que no había ninguna persona dentro del baño en el momento del disparo, mientras que la Gendarmería sostuvo que hubo dos personas, una sosteniendo a Nisman y la otra disparándole. En lugar de reunir a todos y obligar a un debate, Ercolini simplemente tomó la versión hecha a medida del comité de Cambiemos con sede en Comodoro Py.
8 El complot más grande del mundo. ¿Qué es lo que demuestra que a Nisman lo mataron? Que hubo un complot que se concretó en la desprotección del fiscal. Por ejemplo, la seguridad privada del edificio Le Parc tenía enormes baches: ni se anotaban como correspondía las entradas y salidas ni funcionaban todas las cámaras. Ese estado de cosas no fue producto de la dejadez, de la mala administración o incluso de la voluntad de algunos de los que viven en las torres para que no queden registradas las visitas, tal vez, de amores clandestinos. No, esa situación fue parte del complot. Otra parte del plan fue la presencia de un prefecto, afuera de Le Parc, vigilando. Y también de agentes de inteligencia de la Prefectura, a los que les dicen pasteros, que realizaban rondas. Otra parte del plan fue la ineficiencia de la custodia de la Federal que, como está probado, dirigía el propio Nisman de manera despótica: los usaba de cadetes para que le vayan a comprar comida o a entregar sobres. Más allá de eso, en ninguna parte se aporta una prueba de la relación real, concreta, de todo eso con la muerte del fiscal. El punto culminante del disparate fue la sugerencia de que un puesto de diarios era parte del operativo de espionaje que rodeó el supuesto homicidio. Ercolini dedicó páginas a señalar que el quiosquero era raro, que no vendía diarios, que cerró poco después, que no tenía permiso. En conclusión, que era un espía. El que arruinó todo fue el propio quiosquero que se presentó a declarar. Alfredo Juan Zabaleta le dijo al fiscal Taiano que puso el puesto en 2009, cinco años antes de que Nisman se mudara a Puerto Madero y seis antes de la denuncia del fiscal por el Memorándum. Eso lo saca de la cancha como servicio de inteligencia destinado al plan de vigilancia de Nisman: es que ninguna agencia de espionaje podía prever que el fiscal se separara de su pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la que convivía en Pilar y que se fuera a vivir a Le Parc. Además, en su declaración, Zabaleta dejó entrever que cerró el puesto porque no pagó o se atrasó en el pago a los distribuidores de diarios y le cortaron la provisión. Entonces empezó a pedirle ejemplares a sus colegas, hasta que se fundió. Hoy trabaja en un ministerio, contratado por la administración Macri. La historia del quiosquero-espía exhibe la debilidad de las pruebas que, si se las mira un poco de cerca, no son pruebas.
9 Sin salida. El fallo de Ercolini deja el caso en un callejón sin salida. Es que el juez le hace la venia a los intereses políticos nacionales e internacionales cuyo objetivo es adjudicarle responsabilidad al gobierno “populista” anterior, instalar la idea de una autoría iraní o venezolana o de agentes de inteligencia vinculados al kirchnerismo. Y en ese marco, Lagomarsino es acusado de cómplice de personas que no se pueden encontrar ni identificar. Es que hay un problema: no existen. O por lo menos Ercolini no aporta ni una prueba sobre su existencia.

DEPORTES 31 de diciembre de 2017 La causa judicial de la barra brava de Independiente no es la primera ni la única Los tuyos, los míos, los nuestros

Boca vive un caso parecido con un miembro de La Doce detenido, un empleado de seguridad procesado, y un comisario sospechado. Un ex juez que asesoraba a Patricia Bullrich renunció porque la ministra se enojó cuando hizo esa denuncia.
En la causa que incomoda a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está involucrado Boca.
En la causa que incomoda a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está involucrado Boca. 
Imagen: DyN
La mediatizada causa judicial por la que están detenidos el ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis y varios barrabravas no es la única abierta y de ese tipo que salpica al mundo del fútbol. Hay otra que incomoda a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Involucra a Boca y dejó en evidencia una trama de encubrimiento agravado donde habría sido cómplice un ex jefe de la Policía Federal que le respondía: Guillermo Carlos Calviño. El caso tomó visibilidad por una denuncia que presentó el ex juez Mariano Bergés en 2016, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero. La funcionaria le reprochó que lo judicializara, a lo que el ahora abogado respondió con su renuncia. La investigación derivó en la detención de un integrante de la Doce, Maximiliano Germán Oetinger y el procesamiento de un empleado de seguridad del club, Guillermo Darío Brunetta. Como se trata de la institución que preside Daniel Angelici, su repercusión es casi nula. Pero tiene una matriz semejante a la que ahora comprometería a Pablo Moyano, vice de Independiente y opositor al gobierno de Mauricio Macri.
El criterio selectivo de la Ministra para pregonar su combate contra las mafias queda en evidencia, por el expediente abierto que lleva adelante el juez federal Sebastián Ramos. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de ese fuero, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvió el procesamiento de Bunetta por encubridor de Oetinger, un barra boquense con frondoso prontuario, en noviembre de 2016. El hecho de que al primero le atribuyan ayudar al segundo a fugarse de la Bombonera, puso en la mira de la Justicia a barrabravas y autoridades policiales. Di Zeo y 11 más fueron procesados por la misma Sala II. Aunque no hubo dirigentes, como si no fueran una pata investigable.

Fuga en la Bombonera 

El 19 de mayo de 2016 se jugaba un partido de la Copa Libertadores entre Boca y Nacional de Montevideo. Oetinger, uno de los líderes de la Doce, tenía pedido de captura por el secuestro extorsivo del odontólogo León Scher pero igual fue a la cancha. A Brunetta le imputaron que lo alertó de la presencia policial en el estadio. La barra liderada por Rafael Di Zeo lo cubrió (en la causa dice que formó un “escudo humano”) y Oetinger –responde al alias de Mey– consiguió zafar de la detención. Recién cayó en noviembre del año pasado. Por eso el fiscal Paulo Starc pidió la indagatoria de una buena parte de la cúpula de la Doce, y del comisario Calviño porque habría permitido una zona liberada en la Bombonera.
Del fallo de la Cámara se desprende que “al salir del estadio un grupo reducido –entre los cuales se encontraba Oetinger– ingresó al sector de estacionamiento del club, lugar éste donde pueden ingresar aquellos socios abonados que poseen espacio guarda coches. Allí, había dos camionetas blancas tipo Renault Master y dos automóviles pequeños aguardando para concretar la fuga. Ninguno de los rodados pertenecía al nombrado. Que nuevamente se dio la orden de detener a los cuatro vehículos antes de que lograran pasar por la barrera de ingreso/egreso del sector estacionamiento, donde vale la pena remarcar, había presencia policial. Solo se cumplió con demorar a las dos camionetas referidas. Los demás automóviles siguieron su rumbo sin obstáculos. Oetinger no fue visto.
A Bergés el episodio de presunto encubrimiento lo remonta a su pasado como juez. En mayo de 2004 tuvo una causa que terminó con la breve detención del ex secretario general de Boca, Luis Buzio. Se le imputaba la entrega de entradas de protocolo a la Doce. “Se las secuestramos a Di Zeo y de Informática de Boca nos informaron que las entradas habían salido de la secretaría general del club. Nosotros acreditamos en ese momento que Boca con Di Zeo tenía un vínculo”, recuerda el abogado que hoy conduce la ONG Salvemos al fútbol.
En aquel momento el presidente no era Angelici. Era otro que intentaba mudar la mítica Bombonera a un barrio distinto: el ingeniero Macri. Bergés lo imputó en la causa. “Yo le tomé declaración a Macri”, recuerda. Buzio y los demás acusados zafaron al poco tiempo. La medida la dictó otro juez, Eduardo Daffis Niklison, quien además sobreseyó a Santiago Lancry, Guillermo Seisdedos, Sergio Revequi, Raúl Sala y Guillermo Serminaro.
Los barra bravas de Boca son expertos en fugas. Su actual jefe tuvo éxito en la primera el 2 de octubre de 2003. En marzo de 2007 repitió la fórmula para evadir a la Justicia, como en mayo del año pasado Oetinger. A éste último algunos medios lo ubicaban en el tercer lugar de jerarquía dentro de la Doce, cuando lo detuvieron en el barrio del Abasto en noviembre de 2016.
Sus antecedentes por secuestros extorsivos se remontan a muchos años antes. Y del sitial que ocupaba en la estructura de la barra hablan algunas fotografías. En una se lo ve junto a los hermanos Di Zeo compartiendo un momento distendido con Carlos Tevez. Su prontuario podría definirse en una línea del artículo que publicó en Tiempo Argentino el periodista Juan Diego Britos, en mayo del 2016: “Es secuestrador, amigo de narcos pesados de San Martín y cuenta con muchos vínculos con la Bonaerense”.

La saga de Bebote 

Pablo “Bebote” Alvarez, el ex jefe de la barra de Independiente, no es una carmelita descalza. Estuvo varias veces en prisión igual que muchos otros pesados de la tribuna. Pero comparado con Oetinger no intimida demasiado. Es histriónico, la va de transformista –solía disfrazarse para no ser reconocido– y ahora se convirtió en un arrepentido. Detenido, procesado y con prisión preventiva desde anteayer, prendió el ventilador con un blanco fijo: Pablo Moyano, el secretario gremial de la CGT y vice del club de Avellaneda. En su declaración judicial menciona con detalles un encuentro. El que mantuvo con el secretario general de Independiente, Héctor “Yoyo” Maldonado, para pedirle autorización y poder ingresar al predio de Villa Domínico con el objetivo de exigirle dinero al técnico Ariel Holan, y a los jugadores más experimentados del plantel. Por esa presunta extorsión está preso. Habrá que determinar en el futuro si le cabe esa figura procesal o una menor –en grado de tentativa–, con lo que disminuiría su pena.
De su declaración se desprende que aquel dirigente le dijo: “Que esto lo tenía que arreglar con Moyano, sin especificar si Hugo o Pablo y que vuelva la semana que viene en búsqueda de una respuesta”. Maldonado está procesado en la misma causa pero sin prisión preventiva. Es la mano derecha del líder histórico de los camioneros en el club y en el sindicato.
La relación promiscua entre dirigentes y barrabravas es tan elocuente en cualquier institución del fútbol argentino que es la mejor materia prima de las crónicas policiales y deportivas. En cada comisión directiva hay un funcionario –en la de Independiente está Cristian Ritondo, el Ministro de Seguridad bonaerense–, un político, un gremialista o un empresario influyente. No queda ninguna actividad a salvo de las sospechas de connivencia con esta mano de obra dispuesta a todo. La saga de “Bebote” Alvarez y los Moyano ocupa más que ninguna los programas de TV y las páginas de los diarios. Pero no es la única. En todo caso, es la única en la que se nota más cómo espera obtener un rédito político el gobierno.

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